La empresa He Vras SRL, vinculada a Alan Pocoví, familiar del entorno de Martín Menem, recibió contratos y prórrogas por más de $2.500 millones para tareas de desmalezado y mantenimiento en rutas nacionales. La adjudicación generó fuertes críticas en medio del ajuste económico impulsado por el Gobierno nacional.
Contratos bajo la lupa en Vialidad Nacional
Una nueva controversia se instaló en el escenario político luego de que trascendiera que una empresa relacionada con Alan Pocoví, familiar del círculo cercano de la familia Menem, obtuvo contrataciones estatales que superan los $2.500 millones para realizar tareas de corte de pasto, limpieza de banquinas y prevención de incendios sobre rutas nacionales.
La firma beneficiada es He Vras SRL, una sociedad constituida en octubre de 2023 que inicialmente recibió una adjudicación superior a los $1.292 millones y posteriormente accedió a una prórroga por un monto similar, elevando el total del negocio a aproximadamente $2.584 millones.
Según la documentación difundida, los trabajos contratados corresponden a distintos tramos de las rutas nacionales 178 y 188, donde la empresa debía ejecutar tareas de mantenimiento, desmalezado, corte de vegetación y limpieza de sectores linderos a la calzada.
Cuestionamientos por los vínculos familiares
La adjudicación generó repercusiones debido a la relación de Alan Pocoví con el entorno familiar de Martín Menem. Diversas investigaciones periodísticas señalaron que la empresa obtuvo los contratos en un contexto donde el Gobierno nacional sostiene una política de fuerte reducción del gasto público y ajuste fiscal.
Las críticas también apuntan al hecho de que la sociedad fue creada poco tiempo antes del cambio de gestión presidencial y que el monto adjudicado supera ampliamente el capital con el que había sido constituida originalmente.
El rol de Vialidad Nacional
La contratación fue aprobada por el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, funcionario que ya había ocupado responsabilidades dentro del organismo durante la década de 1990 y que volvió a desempeñarse en el área durante la actual administración nacional.
Los expedientes forman parte de una licitación más amplia destinada al mantenimiento de corredores viales en distintos puntos del país, un programa que contempla tareas periódicas para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos asociados a la acumulación de vegetación en las banquinas.
Debate político y reclamos
La difusión del caso reavivó el debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas y los mecanismos de control sobre las adjudicaciones estatales. Desde distintos sectores opositores cuestionaron la oportunidad y magnitud de los contratos, mientras que también se reclamó mayor información sobre los criterios utilizados para seleccionar a las empresas beneficiarias.
La polémica cobra especial relevancia en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la caída del consumo y las dificultades económicas que atraviesan amplios sectores de la población. En ese marco, el monto destinado a estas tareas de mantenimiento vial se convirtió en un nuevo foco de discusión pública.
Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre revisiones o modificaciones de las contrataciones cuestionadas, mientras continúan los pedidos de acceso a la información pública para conocer más detalles sobre el proceso administrativo y los fundamentos de la adjudicación.
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