Entidades sanitarias, académicas y de defensa de consumidores alertan sobre el impacto que tendría la derogación de una de las principales políticas alimentarias implementadas en los últimos años.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable volvió a encender el debate sobre el rol del Estado en materia de salud pública. La iniciativa presentada en el Congreso generó una inmediata reacción de organizaciones sociales, instituciones académicas, profesionales de la salud y asociaciones de consumidores, que expresaron su rechazo y advirtieron sobre las consecuencias que tendría la eliminación de la normativa conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.
Según trascendió, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone dejar sin efecto la Ley N.º 27.642, vigente desde 2022, que obliga a incorporar sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas con excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La iniciativa también contempla la eliminación de otras regulaciones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, así como restricciones de marketing en productos considerados poco saludables.
Frente a este escenario, más de 300 organizaciones de distintos puntos del país difundieron un documento conjunto en el que manifestaron su preocupación. Las entidades sostienen que la eventual derogación representaría un retroceso en el derecho a la información de los consumidores y en las políticas de prevención de enfermedades asociadas a la mala alimentación. Además, remarcaron que la norma fue respaldada por evidencia científica y organismos especializados en salud pública.
Los sectores que se oponen al proyecto aseguran que la implementación de los sellos negros permitió mejorar la comprensión de la información nutricional por parte de la población. Diversos relevamientos citados por las organizaciones indican que una amplia mayoría de los consumidores reconoce que el sistema facilita la identificación rápida de productos con altos niveles de nutrientes críticos, influyendo incluso en las decisiones de compra.
Desde el Gobierno argumentan que la normativa actual presenta dificultades regulatorias, operativas y económicas, además de diferencias con los criterios utilizados en otros países del Mercosur. Bajo esa premisa, la propuesta busca avanzar hacia un modelo que, según la visión oficial, permita una mayor armonización regional y reduzca cargas para la industria alimentaria.
Sin embargo, especialistas y organizaciones sostienen que los sistemas aplicados en otros países de la región son menos exigentes y podrían disminuir la cantidad de productos alcanzados por advertencias sanitarias. También recuerdan que la ley argentina no se limita a los octógonos en los envases, sino que incluye medidas destinadas a proteger a las infancias frente a estrategias publicitarias y promover hábitos alimentarios más saludables en entornos escolares.
La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2021 y comenzó a implementarse de manera progresiva en las góndolas durante los años siguientes. Su sanción colocó a la Argentina entre los países de la región que adoptaron políticas de advertencia nutricional inspiradas en recomendaciones internacionales para combatir el crecimiento de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.
Mientras el proyecto inicia su recorrido parlamentario, el debate promete sumar nuevos capítulos. Las organizaciones que impulsan la defensa de la ley ya anticiparon que buscarán frenar la iniciativa y reclamarán a diputados y senadores que mantengan vigente una herramienta que consideran fundamental para garantizar el acceso a información clara y promover una alimentación más saludable.
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