La empresa podría enfrentar una multa millonaria si no modifica las condiciones observadas por el Gobierno bonaerense.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una actuación administrativa contra Mercado Libre tras detectar una serie de cláusulas que, según las autoridades, podrían vulnerar los derechos de los consumidores dentro de los contratos de adhesión utilizados por la plataforma.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, luego de una fiscalización realizada sobre los términos y condiciones publicados en el sitio oficial de la compañía fundada por Marcos Galperin.
De acuerdo con el informe oficial, se identificaron más de diez cláusulas presuntamente contrarias a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Entre los puntos cuestionados aparecen disposiciones vinculadas a modificaciones unilaterales de contratos, tarifas sin determinación precisa, limitaciones de responsabilidad frente a fallas técnicas y condiciones relacionadas con operaciones realizadas mediante Mercado Pago.
La investigación también incluyó el análisis de los contratos asociados a préstamos personales y financiamiento para compras dentro del ecosistema digital de la empresa.
Desde la administración bonaerense señalaron que algunas de estas condiciones podrían generar un “desequilibrio” entre las obligaciones de la empresa y los derechos de los usuarios, especialmente en situaciones relacionadas con fraudes, débitos automáticos o conflictos derivados de operaciones comerciales realizadas en la plataforma.
Según trascendió, Mercado Libre acumula cerca de 2.400 denuncias individuales en territorio bonaerense durante los primeros meses del año, lo que la ubica entre las firmas con mayor cantidad de reclamos presentados por consumidores en la provincia.
Las autoridades indicaron además que la empresa tendrá un plazo para presentar su descargo y eventualmente adecuar las cláusulas observadas. En caso de no avanzar con modificaciones, podría enfrentar sanciones económicas que superarían los 1.800 millones de pesos.
Fuentes de la compañía sostuvieron que la imputación corresponde a una instancia administrativa inicial y remarcaron que presentarán la documentación correspondiente para responder a las observaciones realizadas por el Gobierno provincial. También afirmaron que los términos y condiciones de la plataforma se encuentran alineados con la normativa vigente.
El caso vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los contratos digitales de adhesión, mecanismos ampliamente utilizados por plataformas tecnológicas y servicios online, donde los usuarios aceptan condiciones predeterminadas sin posibilidad de negociación individual.
Especialistas en derecho del consumidor remarcan que este tipo de controles estatales buscan evitar prácticas consideradas abusivas y garantizar mayor transparencia en servicios digitales que concentran millones de operaciones diarias en Argentina.
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