La medida alcanza a empleados de los históricos complejos turísticos estatales ubicados en Buenos Aires y Córdoba. El Ejecutivo sostiene que busca abrir el camino para concesiones privadas por 30 años y reducir costos de mantenimiento.
El Gobierno nacional oficializó el pase a disponibilidad de 77 trabajadores pertenecientes a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, dos de los complejos de turismo social más emblemáticos del país. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete y forma parte del proceso de reorganización estatal impulsado por la administración de Javier Milei.
La medida afecta a 58 empleados de la Unidad Turística Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y a otros 19 trabajadores del complejo de Embalse, en Córdoba. Ambos predios fueron creados durante el primer peronismo con el objetivo de garantizar vacaciones accesibles para familias trabajadoras, jubilados y sectores vulnerables.
Según la normativa vigente, los agentes alcanzados quedarán eximidos de concurrir a sus puestos laborales, aunque deberán permanecer disponibles ante eventuales convocatorias del Estado. Además, el régimen contempla períodos de entre seis y doce meses para una posible reubicación dentro de la administración pública nacional. En caso de no ser reasignados, podrían quedar desvinculados y acceder a las indemnizaciones previstas por la Ley Marco de Empleo Público.
Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a la eliminación de las estructuras organizativas vinculadas al turismo social, definida previamente a través del Decreto 269/2026. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con un esquema de concesiones privadas de ambos complejos por un plazo de hasta 30 años.
La administración nacional argumenta que el ingreso de capitales privados permitirá recuperar infraestructura deteriorada y mejorar los servicios ofrecidos en los predios turísticos. También sostiene que el Estado dejaría de afrontar elevados costos de mantenimiento.
Sin embargo, la medida generó preocupación entre trabajadores y gremios estatales. Delegados sindicales denunciaron que el proceso implica un progresivo desmantelamiento del sistema de turismo social y alertaron sobre el impacto laboral y social de las decisiones oficiales.
El conflicto también se intensificó semanas atrás, cuando familias que residen dentro del predio de Chapadmalal recibieron intimaciones para desalojar viviendas vinculadas históricamente a sus funciones laborales. Según trascendió, más de 30 familias fueron notificadas para abandonar los pabellones en un plazo breve, en medio de la reorganización impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Los complejos de Chapadmalal y Embalse forman parte del patrimonio histórico del turismo social argentino. Chapadmalal cuenta con hoteles, bungalows y áreas recreativas sobre la costa atlántica, mientras que Embalse posee infraestructura hotelera y recreativa frente al lago cordobés. Ambos predios fueron declarados Monumento Histórico Nacional y durante décadas recibieron contingentes estudiantiles, jubilados y familias de bajos recursos.
Mientras continúan las discusiones políticas y sindicales, el Gobierno todavía no formalizó las licitaciones públicas para las futuras concesiones. Según fuentes oficiales, actualmente se desarrollan estudios técnicos y la elaboración de los pliegos correspondientes.
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