La medida busca asegurar la continuidad de tratamientos y servicios para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del CUD.
El juez federal Hugo Vaca Narvaja dispuso que el PAMI y el Ministerio de Salud regularicen de forma urgente los pagos adeudados a prestadores del sistema de discapacidad. La resolución fija un plazo de 72 horas para normalizar la situación y evitar interrupciones en servicios esenciales destinados a miles de personas en todo el país.
La medida judicial surge en medio de una creciente preocupación por las dificultades económicas que atraviesan centros terapéuticos, transportistas y profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Según denunciaron distintas entidades del sector, las demoras administrativas y financieras pusieron en riesgo la continuidad de tratamientos y prestaciones básicas.
El fallo remarca la necesidad de proteger especialmente a quienes reciben pensiones no contributivas y cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), ya que dependen del sistema para acceder a atención médica, rehabilitación, educación especial y asistencia integral.
En los últimos meses, organizaciones sociales y prestadores realizaron diversas manifestaciones para visibilizar la problemática. Entre los reclamos principales aparecen la falta de actualización de aranceles y los atrasos en los pagos, factores que generaron un fuerte impacto económico en instituciones dedicadas al acompañamiento de personas con discapacidad.
Prestadores señalaron que muchas entidades trabajan con recursos limitados y enfrentan dificultades para sostener gastos operativos como salarios, alquileres y transporte. Algunos centros incluso advirtieron sobre la posibilidad de reducir servicios o suspender actividades si la situación no se normaliza rápidamente.
En su resolución, el magistrado destacó que el acceso a las prestaciones constituye un derecho fundamental y que el Estado debe garantizar su cumplimiento efectivo. Además, consideró que cualquier demora prolongada puede derivar en consecuencias graves para pacientes y familias que dependen de tratamientos continuos.
El sistema de discapacidad en Argentina viene atravesando una situación compleja debido al incremento de costos y la falta de actualización presupuestaria. Desde el sector aseguran que la combinación de inflación y retrasos en los pagos generó una crisis que afecta tanto a instituciones como a profesionales independientes.
Tras conocerse la decisión judicial, referentes del área expresaron expectativas de que la medida permita destrabar pagos pendientes y brindar previsibilidad al sistema. Sin embargo, también remarcaron la necesidad de implementar soluciones estructurales para evitar nuevos conflictos y garantizar el acceso sostenido a derechos esenciales.
Los próximos días serán clave para conocer si el Gobierno cumple con lo dispuesto por la Justicia y logra restablecer el funcionamiento normal de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
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