El máximo tribunal exigió que antes del 10 de junio se presente una propuesta concreta para saldar los fondos que la ANSES adeuda a la provincia por el financiamiento de su sistema jubilatorio.
La disputa judicial entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que la Corte Suprema de Justicia estableciera una fecha límite para avanzar en el reclamo por los fondos previsionales adeudados a territorio bonaerense. El máximo tribunal ordenó que la administración de Javier Milei presente antes del próximo 10 de junio una propuesta formal de pago por la deuda que mantiene la ANSES con el sistema jubilatorio provincial.
El reclamo impulsado por el gobierno de Axel Kicillof asciende actualmente a unos $2,2 billones, cifra vinculada a las transferencias correspondientes a la caja previsional bonaerense, que nunca fue transferida al Estado nacional. Según sostienen desde la Provincia, esos recursos deberían haber sido enviados regularmente por la ANSES para garantizar el financiamiento de jubilaciones y pensiones.
La resolución judicial se dio en el marco de una audiencia realizada en la Corte Suprema, donde participaron representantes de la Provincia, funcionarios nacionales y autoridades del organismo previsional. Allí, el tribunal pidió que tanto el Ministerio de Economía de la Nación como la ANSES elaboren una propuesta concreta que permita avanzar hacia una solución del conflicto.
Desde la administración bonaerense remarcan que la deuda previsional es apenas una parte del enfrentamiento financiero que mantienen con la Nación. De acuerdo con datos oficiales, existen 13 presentaciones judiciales vinculadas a distintos recortes y fondos retenidos por el Gobierno nacional, que en conjunto representarían cerca de un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires.
El conflicto comenzó a profundizarse tras la suspensión de transferencias nacionales destinadas a las provincias que conservaron sus cajas jubilatorias propias. Buenos Aires sostiene que la interrupción de esos envíos impactó directamente sobre las cuentas provinciales y obligó al distrito a absorber con fondos propios el pago de haberes previsionales.
En paralelo, el gobierno bonaerense también reclama partidas relacionadas con infraestructura, transporte, educación y programas sociales que, según denuncian, fueron reducidos o discontinuados durante la actual gestión nacional. Funcionarios provinciales aseguran que la acumulación de esos recortes deteriora la capacidad financiera de la provincia y condiciona la prestación de servicios esenciales.
La audiencia ante la Corte fue interpretada por la Provincia como un avance institucional importante, ya que por primera vez se fijó un plazo concreto para que Nación acerque una propuesta de pago. Hasta ahora, desde Buenos Aires afirmaban que los reclamos llevaban más de dos años sin respuestas definitivas.
Mientras tanto, el escenario político mantiene elevada la tensión entre la Casa Rosada y la administración bonaerense. El reclamo por los fondos previsionales se transformó en uno de los principales focos de conflicto entre ambas gestiones, en medio del fuerte ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional y las críticas de las provincias por la reducción de transferencias.
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