La operación, aprobada en favor de una empleada joven de la Auditoría General de la Nación, se incorpora a una serie de créditos que quedaron en el centro de la discusión política.
La difusión de nuevos datos sobre préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación volvió a encender la discusión pública. Esta vez, el foco está puesto en Nazarena Menem, de 26 años, quien obtuvo un crédito cercano a los 237 millones de pesos pese a contar con escasa trayectoria laboral y un salario que, según trascendió, no superaría los 2,5 millones mensuales.
La beneficiaria se desempeña en la Auditoría General de la Nación y su incorporación al organismo habría sido su primera experiencia formal de empleo. Con menos de cuatro años de antigüedad y categorizada administrativamente en una función auxiliar, su acceso a una línea hipotecaria de semejante volumen despertó cuestionamientos sobre la evaluación patrimonial aplicada para aprobar la operación.
El préstamo se aprobó durante agosto de 2025 y habría sido otorgado bajo una línea considerada de tasa preferencial. Este detalle generó especial atención debido a que su hermano también recibió un crédito por una suma superior a los 350 millones de pesos, consolidando una serie de beneficios financieros que pusieron a la familia Menem en el centro del debate político.
El caso se suma a otros expedientes conocidos en las últimas semanas vinculados a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación. Las revelaciones derivaron en pedidos de acceso a la información pública y denuncias judiciales orientadas a revisar si se respetaron las condiciones de acceso establecidas por la entidad financiera.
Mientras tanto, desde distintos sectores opositores insisten en reclamar explicaciones detalladas sobre las garantías presentadas, la relación cuota-ingreso y los mecanismos de aprobación. En medio de ese escenario, el episodio reabre una discusión de fondo sobre la administración de recursos públicos y la necesidad de fortalecer los controles para asegurar igualdad de condiciones entre todos los solicitantes.
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