La medida fue oficializada mediante el Decreto 322/2026 y contempla la venta de 21 propiedades fiscales consideradas “ociosas”, de las cuales 11 se encuentran en territorio bonaerense. Parte de lo recaudado será destinado al Plan ARMA para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
La provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad de los inmuebles estatales que el Gobierno nacional autorizó vender tras declararlos sin uso o subutilizados. La decisión, formalizada este martes a través del Decreto 322/2026 publicado en el Boletín Oficial, habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a avanzar con la disposición de 21 propiedades fiscales distribuidas en distintos puntos del país, de las cuales 11 están ubicadas en suelo bonaerense.
El dato cobra especial relevancia por la magnitud territorial de la medida en la provincia, donde figuran terrenos ferroviarios y predios estratégicamente ubicados en ciudades como Tres Arroyos, Daireaux y Pergamino, entre otros distritos.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que se trata de inmuebles que actualmente no cumplen funciones operativas y cuya venta permitirá reducir costos de mantenimiento, optimizar recursos estatales y generar ingresos para las arcas públicas.
Según se desprende del decreto, las evaluaciones realizadas detectaron propiedades sin afectación específica o con un nivel de utilización insuficiente, motivo por el cual se resolvió avanzar con su comercialización.
Sin embargo, uno de los aspectos que mayor repercusión generó es el destino que tendrán parte de los fondos obtenidos. El texto oficial establece que una porción de lo recaudado será dirigida al Plan ARMA, el programa impulsado por la administración nacional para fortalecer el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas.
La fuerte presencia de inmuebles bonaerenses dentro del listado despertó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y administrativos, donde advierten sobre una posible pérdida de patrimonio público estratégico para la provincia.
Las críticas apuntan principalmente a la venta de terrenos ferroviarios y espacios que podrían destinarse a proyectos de desarrollo urbano, infraestructura o iniciativas comunitarias en el futuro.
La decisión se enmarca dentro de una política más amplia de reorganización patrimonial que impulsa el Gobierno nacional, orientada a desprenderse de activos considerados improductivos. No obstante, el alcance que tendrá en la provincia de Buenos Aires volvió a instalar el debate sobre el rol del Estado en la administración de bienes públicos y la conveniencia de desprenderse de propiedades con potencial estratégico.
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