La difusión de fotografías tomadas durante una estadía en la capital española volvió a poner bajo la lupa los movimientos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El caso se suma a las denuncias cruzadas en el Congreso y a la reciente presentación judicial impulsada por el Gobierno contra el diputado Rodolfo Tailhade.
La controversia en torno a los presuntos gastos personales y patrimoniales que rodean al entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a instalarse en el centro de la agenda política tras la aparición de nuevas imágenes que mostrarían a su esposa, Bettina Angeletti, durante un viaje realizado a Madrid en septiembre de 2025 junto a un grupo de amigas vinculadas al ámbito escolar de sus hijos.
Las fotografías, difundidas en medio de una fuerte disputa política entre oficialismo y oposición, reforzaron las acusaciones expuestas semanas atrás en el Congreso por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien sostuvo que el traslado a España habría sido financiado íntegramente por Angeletti, incluyendo pasajes y estadías para otras cinco acompañantes.
Según la información que circula en el expediente y en diversas publicaciones periodísticas, el grupo habría viajado en primera clase y, tras regresar al país, habría concretado una nueva escapada hacia Iguazú. La presunta operatoria quedó bajo observación judicial debido al contexto patrimonial que atraviesa la familia del funcionario.
El viaje tomó relevancia pública porque se produjo pocos días antes de otra operación que también despertó cuestionamientos: la adquisición de un semipiso ubicado en el barrio porteño de Caballito, valuado entre 230 mil y 300 mil dólares, a lo que se suma la compra previa de una propiedad en el country Indio Cuá y las millonarias remodelaciones realizadas en ese inmueble. En las últimas semanas, incluso trascendieron declaraciones judiciales de un contratista que aseguró haber recibido pagos en efectivo por obras en esa residencia.
Otro dato que generó repercusión fue que algunas de las imágenes compartidas en redes sociales recibieron interacciones de Marcelo Grandío, señalado anteriormente en otras investigaciones mediáticas por haber afrontado gastos relacionados con traslados del funcionario y su entorno.
Las denuncias sobre los movimientos de Angeletti fueron parte del tenso intercambio legislativo durante la reciente exposición de gestión de Adorni en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, Tailhade afirmó contar con más documentación y anticipó futuras presentaciones judiciales. Además, rechazó las acusaciones de espionaje formuladas desde el oficialismo y aseguró estar dispuesto a exponer sus pruebas ante la Justicia.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. El Ministerio de Seguridad formalizó una denuncia penal contra el legislador por presunto espionaje ilegal, argumentando que habría difundido información sensible vinculada a la vida privada del funcionario y su familia. La causa quedó radicada en un juzgado federal y suma un nuevo capítulo al enfrentamiento entre oficialismo y oposición.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete continúa bajo presión política por distintas investigaciones patrimoniales y denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, en una escalada que ya genera impacto dentro del propio oficialismo y mantiene abierto el debate sobre la transparencia en el ejercicio de la función pública.
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