La diputada nacional Marcela Pagano reclamó una respuesta inmediata de la Justicia tras solicitar una medida de detención preventiva contra el jefe de Gabinete. La presentación se apoya en supuestas maniobras de presión sobre un testigo clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El expediente judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo episodio de alta tensión política y judicial. La diputada nacional Marcela Pagano formalizó ante el juez federal Ariel Lijo un pedido para que evalúe de manera inmediata una medida de detención preventiva contra el funcionario, al sostener que existirían indicios de entorpecimiento de la investigación en curso.
La solicitud fue presentada luego de la declaración testimonial del contratista Matías Tabar ante la fiscalía que conduce Gerardo Pollicita. Según trascendió, el empresario habría exhibido intercambios de mensajes en los que, presuntamente, recibió contactos por parte del entorno del funcionario minutos antes de brindar su testimonio, un hecho que la legisladora interpretó como un intento de condicionamiento procesal.
Pagano sostuvo públicamente que la situación reviste gravedad institucional debido a que, según su interpretación, podría configurarse una maniobra destinada a influir sobre quienes declaren ante la Justicia. En ese contexto, reclamó que el magistrado adopte una definición urgente para evitar cualquier riesgo de alteración probatoria.
La investigación gira en torno a presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a una serie de operaciones inmobiliarias, remodelaciones de alto costo y viajes al exterior atribuidos al actual jefe de ministros.
Uno de los puntos centrales del expediente es la remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. De acuerdo con la declaración incorporada a la causa, las obras habrían incluido refacciones integrales, instalación de mobiliario premium, piscina climatizada, jacuzzi y otros trabajos de alta gama por una cifra cercana a los 245 mil dólares, que habrían sido abonados en efectivo.
La causa también examina otras operaciones patrimoniales atribuidas al funcionario, entre ellas:
- La adquisición de un inmueble en el barrio porteño de Caballito.
- La compra de la propiedad en Indio Cuá mediante financiamiento privado.
- Refacciones de ambas propiedades por montos significativos.
- Viajes internacionales y desplazamientos internos cuyos costos están siendo contrastados con los ingresos declarados oficialmente.
Estos movimientos son objeto de peritajes y requerimientos de información ordenados por la Justicia. Semanas atrás, el juzgado dispuso además el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre Adorni y su entorno familiar para profundizar el análisis financiero.
La presentación judicial impulsada por Pagano cita como antecedente la denominada “doctrina Irurzun”, utilizada en investigaciones de corrupción para fundamentar medidas cautelares cuando se considera que un funcionario en ejercicio podría interferir en una pesquisa debido a su posición institucional.
Según la legisladora, la permanencia del jefe de Gabinete en un cargo de máxima jerarquía podría representar una situación de asimetría de poder frente a testigos o eventuales declarantes.
Hasta el momento, desde el entorno del funcionario sostienen que todas las explicaciones pertinentes serán brindadas en sede judicial. En recientes apariciones públicas, Adorni evitó profundizar sobre el expediente y remarcó que responderá ante los tribunales competentes.
Mientras tanto, el expediente continúa avanzando y la expectativa está puesta en la resolución que adopte el juzgado federal respecto del planteo presentado en las últimas horas, en un contexto de creciente presión política y mediática.
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