La Resolución 213/2025 dispuso el retiro progresivo del INTI del control metrológico sobre surtidores de combustible. La medida, presentada oficialmente como una “desregulación”, concentra un negocio millonario en certificadoras privadas, con fuerte protagonismo de Lenor, firma vinculada a sectores cercanos al ministro de Economía, mientras crecen las críticas por el impacto sobre el sistema científico estatal.
En una nueva avanzada sobre organismos públicos estratégicos, el Gobierno nacional resolvió desplazar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) del control técnico de los surtidores de combustible en todo el país, una función histórica vinculada a la verificación metrológica que garantizaba precisión en la medición y transparencia comercial.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 213/2025, que establece la salida escalonada del organismo estatal de distintas tareas de metrología legal, incluyendo la verificación periódica de surtidores de nafta, gasoil y GNC. El cronograma fija como fecha límite el 30 de junio para completar el traspaso definitivo hacia certificadoras privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación.
Sin embargo, detrás del argumento oficial de “simplificación administrativa” y “desburocratización”, distintos sectores técnicos y políticos advierten que la medida consolida un proceso de privatización encubierta que beneficia de manera directa a un reducido grupo empresarial.
UN NEGOCIO MULTIMILLONARIO QUE CAMBIA DE MANOS
La empresa que aparece como principal beneficiaria de este nuevo esquema es Lenor, una certificadora privada cuyo CEO, Julio Made, mantiene históricos vínculos con dirigentes del PRO y sectores cercanos al actual ministro de Economía, Luis Caputo.
Con el retiro del INTI, la firma queda posicionada para absorber buena parte de las verificaciones de más de 5.349 estaciones de servicio activas en Argentina, que reúnen aproximadamente 45.000 bocas expendedoras.
El cambio no resulta menor en términos económicos.
Hasta ahora, el INTI realizaba estas verificaciones para 9 de cada 10 estaciones del país con un costo cercano a los 25 mil pesos por pico surtidor. Lenor, en cambio, cobraba alrededor de 75 mil pesos por el mismo servicio.
La diferencia tarifaria implica una transferencia potencial de más de 12 mil millones de pesos anuales hacia el sector privado.
Desde el organismo estatal señalan que el valor que ofrecía el INTI respondía a su naturaleza pública: garantizar controles técnicos rigurosos a bajo costo, sin perseguir rentabilidad comercial.
LA ESTRATEGIA PARA DESPLAZAR AL ORGANISMO
Fuentes del sector sostienen que el desplazamiento del INTI no fue abrupto sino el resultado de una maniobra gradual.
En una primera etapa, el Gobierno elevó la tarifa del instituto a 100 mil pesos por pico verificado, una cifra que buscó volver menos competitiva su oferta frente a los privados.
Sin embargo, pese al incremento, muchas estaciones de servicio continuaron contratando al organismo estatal por sus estándares técnicos, trazabilidad y experiencia.
Ante ese escenario, finalmente se resolvió directamente discontinuar la prestación.
La secuencia alimentó sospechas sobre una decisión orientada más a modificar el mercado que a mejorar su funcionamiento.
Aunque desde el Ejecutivo aseguran que la medida busca terminar con un supuesto “monopolio estatal”, especialistas remarcan que el resultado concreto podría ser el inverso: la concentración del servicio en manos de un grupo reducido de certificadoras, con predominio de una empresa privada.
UN GOLPE DIRECTO AL SISTEMA CIENTÍFICO
El impacto trasciende al negocio de los surtidores.
El área de Metrología Legal representa aproximadamente el 50% de la recaudación por aranceles del Fondo Común de Centros de Investigación del INTI, una estructura clave para sostener actividades científicas, desarrollos tecnológicos y asistencia técnica a la industria nacional.
La pérdida de ese financiamiento compromete seriamente la sustentabilidad de programas estratégicos del organismo.
Trabajadores y especialistas alertan que el vaciamiento de esta área podría debilitar capacidades técnicas acumuladas durante décadas, afectando controles sobre instrumentos de medición que intervienen no sólo en combustibles, sino también en balanzas comerciales, medidores eléctricos, etilómetros, taxímetros y sistemas de pesaje industrial.
EL DISCURSO OFICIAL Y LAS SOSPECHAS POLÍTICAS
La administración de Javier Milei sostiene que la medida responde a una política de reducción del Estado y apertura de mercados.
En el texto oficial se argumenta que existen demoras administrativas y superposición de funciones entre el INTI y laboratorios acreditados.
No obstante, sectores opositores cuestionan que el proceso se presente como liberalización cuando, en la práctica, termina concentrando un negocio regulado en empresas con conexiones políticas evidentes.
El caso reabre además el debate sobre el rol del Estado en áreas técnicas sensibles y sobre la creciente transferencia de funciones públicas hacia operadores privados en nombre de la desregulación.
Para muchos analistas, lo ocurrido con el control de surtidores constituye otro capítulo de una reconfiguración más profunda del aparato estatal, donde organismos científicos son desplazados para habilitar nuevos nichos de rentabilidad empresarial.
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