Jefes comunales y funcionarios provinciales reclamaron deudas millonarias vinculadas al Servicio Alimentario Escolar. Denuncian que no se les permitió entregar documentación formal a la ministra nacional.
En medio de una creciente tensión entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, intendentes y funcionarios de la provincia de Buenos Aires llevaron adelante este miércoles una movilización hacia la sede del Ministerio de Capital Humano para exigir la regularización de fondos destinados a políticas alimentarias escolares.
La protesta fue impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien encabezó la convocatoria junto a jefes comunales de distintos distritos. Inicialmente, la concentración tuvo lugar en Casa Patria Libertad, pero ante la imposibilidad de presentar documentación formal dirigida a la titular de la cartera nacional, Sandra Pettovello, la movilización fue redireccionada hacia la sede central del ministerio sobre la avenida 9 de Julio.
Según indicaron desde el gobierno provincial, la Nación mantiene una deuda superior a los 220.000 millones de pesos correspondiente al Servicio Alimentario Escolar (SAE), un programa clave que garantiza la alimentación diaria de más de 2,5 millones de estudiantes en territorio bonaerense. Desde la administración del gobernador Axel Kicillof remarcaron que esta situación afecta directamente la asistencia alimentaria en un contexto económico delicado.
Frente a la reducción de transferencias nacionales, la Provincia decidió reforzar su inversión en políticas alimentarias. En ese sentido, se incrementó en un 30% el presupuesto destinado al SAE, alcanzando una cifra anual de 553.910 millones de pesos. Asimismo, se ampliaron las partidas del programa Módulo Alimentario Extraordinario (MATE), que brinda apoyo directo a los 135 municipios bonaerenses.
El reclamo se produce en un escenario social complejo, marcado por el aumento sostenido de la demanda en comedores escolares y comunitarios. Diversos indicadores reflejan un deterioro del poder adquisitivo que impacta en los sectores más vulnerables, generando una mayor presión sobre los programas de asistencia.
Durante la jornada, los intendentes manifestaron su preocupación por la falta de respuesta institucional y cuestionaron la negativa del ministerio nacional a recibir los documentos formales que detallan el reclamo. En ese marco, insistieron en la necesidad de establecer canales de diálogo para garantizar la continuidad de políticas alimentarias esenciales.
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