Docentes y no docentes paralizan actividades y reclaman el cumplimiento de la ley de financiamiento. Alertan por pérdida salarial, falta de recursos y una creciente salida de profesionales.
La conflictividad en el sistema universitario público argentino sumó un nuevo capítulo con un paro total en la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsado por gremios docentes y no docentes que advierten sobre un escenario crítico marcado por recortes presupuestarios, deterioro salarial y una preocupante fuga de trabajadores.
La medida de fuerza fue ratificada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), en rechazo a lo que describen como un “ajuste sostenido” que afecta tanto el funcionamiento institucional como las condiciones laborales. En ese marco, las organizaciones también exigieron la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación —según denuncian— continúa demorada.
El conflicto escaló luego de que el Ministerio de Capital Humano solicitara a las autoridades universitarias la elaboración de planes de contingencia para garantizar el dictado de clases durante la protesta. Desde el sector docente respondieron con dureza, cuestionando la postura oficial y señalando el incumplimiento de una norma que fue aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso y ratificada judicialmente.
La legislación en cuestión contempla la actualización automática del presupuesto universitario en función de la inflación, así como mejoras en los salarios de docentes y no docentes, además de incrementos en las becas estudiantiles. Sin embargo, desde las universidades sostienen que esos lineamientos no se están aplicando, lo que agrava el impacto de la crisis económica sobre el sistema educativo superior.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo. Según estimaciones gremiales, los salarios docentes registran una caída acumulada del 33,6% desde diciembre de 2023. Para recuperar ese terreno frente a la inflación, los aumentos deberían superar el 50%, lo que refleja la magnitud del desfasaje actual.
La situación se vuelve aún más crítica al analizar los ingresos concretos: un ayudante de primera con dedicación simple —uno de los cargos más comunes en la estructura universitaria— percibía a comienzos de abril poco más de 211 mil pesos netos, una cifra que queda muy por debajo del costo de vida.
En paralelo, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales encendieron una señal de alarma al revelar que al menos 438 docentes e investigadores dejaron sus cargos entre diciembre de 2023 y abril de 2026. La cifra equivale, según indicaron, a la pérdida de un profesional cada dos días, lo que impacta directamente en la calidad académica y en la continuidad de proyectos de investigación.
Autoridades de esa casa de estudios señalaron que sostener estándares de excelencia en enseñanza y producción científica resulta cada vez más complejo en este contexto, donde la falta de recursos y la incertidumbre laboral impulsan la migración hacia otros sectores o incluso al exterior.
La jornada de paro se enmarca en un plan de lucha más amplio que tendrá su próximo hito el 12 de mayo, con una nueva marcha federal universitaria. Allí, docentes, estudiantes y trabajadores no docentes volverán a reclamar por mayor financiamiento, recomposición salarial y políticas que garanticen el sostenimiento del sistema público de educación superior.
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