Organizaciones, familiares y profesionales de la salud llevaron el reclamo a la Justicia y convocaron a una movilización. Alertan por el deterioro en la atención y el riesgo para miles de pacientes.
El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. La combinación de recortes presupuestarios, demoras en pagos y cambios normativos impulsados por el Gobierno generó una fuerte reacción de distintos sectores, que derivó en denuncias penales y medidas de protesta.
Entre las acciones más recientes se destacan dos presentaciones judiciales dirigidas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. Las acusaciones incluyen abandono de persona, incumplimiento de obligaciones legales y abuso de autoridad, en un contexto donde miles de beneficiarios enfrentan dificultades para acceder a tratamientos y prestaciones básicas.
Uno de los ejes del reclamo es la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido sancionada para garantizar asistencia integral en un escenario de crisis. Según los denunciantes, la normativa no solo permanece sin aplicación, sino que además el Ejecutivo impulsa modificaciones que reducirían aún más su alcance.
Desde el ámbito médico, la situación también genera preocupación. Profesionales del Hospital Garrahan advierten sobre la interrupción de tratamientos por falta de medicamentos esenciales y la postergación de estudios clínicos. A esto se suma la sobrecarga del sistema, que afecta la calidad de atención.
Las consecuencias se extienden a instituciones intermedias como centros de día, hogares y espacios terapéuticos, muchos de los cuales dependen de pagos estatales para su funcionamiento. La demora en transferencias y la actualización insuficiente de aranceles los coloca al borde del colapso.
Uno de los puntos más cuestionados del nuevo proyecto oficial es la incompatibilidad entre empleo formal y percepción de pensiones por discapacidad. Referentes del sector sostienen que esta medida desconoce los costos adicionales que implica vivir con una discapacidad, como asistencia permanente, transporte especializado y tratamientos continuos.
El proyecto también prevé un proceso de revisión masiva de beneficiarios. En caso de no cumplir con los requisitos en los plazos establecidos, las pensiones podrían ser suspendidas. Además, se plantea un esquema de haberes atado a un porcentaje del mínimo jubilatorio, lo que limitaría futuras actualizaciones.
En este contexto, familiares y organizaciones convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir respuestas inmediatas. La protesta busca poner en agenda una situación que, según denuncian, afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
A nivel internacional, Argentina cuenta con compromisos asumidos en materia de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de garantizar acceso a la salud, la inclusión social y condiciones de vida dignas.
Mientras la Justicia comienza a evaluar las denuncias, el conflicto continúa escalando. Las organizaciones advierten que, de no haber cambios, el impacto podría ser irreversible para miles de personas que dependen del sistema público para sostener su vida cotidiana.
Autor
