El ministro de Hacienda precisó que el beneficio podrá solicitarse hasta 12 años después de finalizar la escuela secundaria, en el marco del “Plan Nacional de Reconstrucción”.
El alcance de la gratuidad universitaria comenzó a delinearse con mayor claridad luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detallara uno de los puntos clave del proyecto de ley denominado “Plan Nacional de Reconstrucción”. Durante una conferencia de prensa, el funcionario confirmó que el acceso al beneficio tendrá un límite temporal: podrá solicitarse hasta 12 años después de haber egresado de la educación secundaria.
La definición surge en medio de interrogantes que habían quedado abiertos tras la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, quien no había profundizado en las condiciones específicas del sistema de gratuidad contemplado en la iniciativa.
Según explicó Quiroz, el plazo responde a una lógica tanto normativa como comunicacional. “En términos comunicacionales serían 30 años, pero la redacción específica establece un límite de 12 años desde el egreso de la secundaria, lo que coincide con ese rango”, señaló, buscando aclarar la aparente diferencia entre ambos criterios.
El anuncio introduce un elemento central en la discusión sobre el acceso a la educación superior gratuita. Mientras algunos sectores valoran la intención de ordenar y focalizar el beneficio, otros advierten que la restricción podría dejar afuera a personas que retoman estudios en etapas más avanzadas de la vida, una tendencia creciente en los sistemas educativos modernos.
En distintos países, los programas de gratuidad o financiamiento estatal para estudios superiores han ido ampliando su alcance hacia estudiantes no tradicionales, incluyendo adultos que buscan reconvertirse laboralmente o completar trayectorias educativas inconclusas. En ese contexto, el límite planteado podría convertirse en uno de los puntos más debatidos durante el tratamiento legislativo.
El proyecto en el que se inscribe esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reorganizar el gasto público y priorizar áreas consideradas clave, entre ellas la educación. La iniciativa busca, según trascendió, equilibrar la expansión de derechos con criterios de sostenibilidad fiscal.
Especialistas en políticas educativas señalan que la definición de plazos y condiciones de acceso es habitual en este tipo de programas, aunque remarcan que su impacto dependerá de cómo se implementen otros aspectos complementarios, como los requisitos académicos, la cobertura de carreras y la disponibilidad presupuestaria.
Con la confirmación de este límite temporal, se espera que el debate legislativo incorpore nuevas voces y propuestas para modificar o ratificar el criterio. El tratamiento del proyecto podría incluir audiencias con expertos, universidades y organizaciones estudiantiles, en un escenario donde la gratuidad universitaria vuelve a posicionarse como un eje central de la agenda pública.
Por lo pronto, la aclaración del ministro Quiroz aporta una pieza clave para comprender el alcance real de la iniciativa, aunque también abre un nuevo capítulo de discusión sobre quiénes y en qué condiciones podrán acceder a este derecho.
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