El tribunal confirmó una cautelar que obliga a actualizar sueldos y becas según la inflación, tras rechazar la estrategia oficial de postergar la norma.
En un fallo de fuerte impacto institucional, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno nacional avanzar con su implementación inmediata. La resolución llega luego de que el Ejecutivo intentara frenar su aplicación mediante una apelación que finalmente fue desestimada.
El tribunal, a través de su Sala III, respaldó la medida cautelar que ya había sido dictada en primera instancia y que obliga a cumplir con puntos centrales de la normativa sancionada por el Congreso. Entre ellos, se destacan la recomposición de salarios del personal universitario y la actualización de las becas estudiantiles.
La ley había atravesado un proceso legislativo complejo: fue aprobada en agosto de 2025 y posteriormente confirmada en octubre del mismo año, cuando el Congreso logró reunir los votos necesarios para insistir en su sanción tras el veto presidencial. Ese antecedente fue determinante para el fallo judicial, que interpretó que la norma no admite dilaciones en su aplicación.
Según se desprende de la resolución, los jueces consideraron inválido el intento del Ejecutivo de apoyarse en disposiciones inferiores para postergar el cumplimiento de una ley nacional. En ese sentido, advirtieron que esa práctica pone en riesgo el equilibrio institucional y contradice los principios básicos del sistema republicano.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es la obligación de ajustar los salarios universitarios en línea con la inflación. La normativa establece que los incrementos deben tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC, evitando así que los ingresos queden rezagados frente al aumento del costo de vida.
De igual manera, la ley dispone la actualización de los montos destinados a becas, un aspecto clave para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes en el sistema universitario público, especialmente en un contexto económico adverso.
El origen del conflicto judicial se remonta a fines de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sector promovieron una acción de amparo ante la falta de implementación de la norma. La intervención del juez federal Enrique Cormick dio lugar a una cautelar que ahora fue confirmada por la Cámara.
Especialistas en derecho constitucional coinciden en que el fallo refuerza el rol del Congreso como órgano encargado de dictar leyes y limita la posibilidad del Poder Ejecutivo de alterar su aplicación mediante decretos. Además, subrayan que la decisión sienta un precedente relevante en materia de financiamiento educativo.
Mientras tanto, el sistema universitario sigue atravesando una situación delicada, marcada por reclamos salariales y dificultades presupuestarias. En ese marco, la resolución judicial aparece como un respaldo clave para las universidades nacionales, que ven en la ley una herramienta fundamental para sostener su funcionamiento y garantizar el derecho a la educación superior.
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