La jerarquía católica del sur argentino expresó su preocupación por el impacto sobre el agua y el ambiente, y denunció irregularidades en la participación ciudadana durante las audiencias públicas.
La discusión en torno a la posible reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo con la intervención de referentes de la Iglesia católica en la Patagonia, quienes manifestaron una fuerte preocupación por el futuro de los recursos naturales en la región y cuestionaron el desarrollo de las audiencias públicas convocadas para tratar el tema.
A través de un documento conjunto, obispos con jurisdicción en distintas diócesis patagónicas advirtieron sobre lo que consideran un proceso poco transparente y con escasa participación real de la ciudadanía. Bajo un título que vincula la calidad democrática con la preservación ambiental, los firmantes señalaron que el debate se está llevando adelante en condiciones que limitan la expresión de la sociedad.
Según indicaron, el mecanismo implementado para las audiencias generó una alta demanda de participación —con decenas de miles de inscriptos—, pero sólo una mínima parte pudo intervenir de manera presencial. El resto fue derivado a presentaciones escritas, lo que, a su entender, redujo significativamente el alcance del intercambio público. En ese marco, cuestionaron prácticas que, aseguran, se repiten desde hace años en debates vinculados a proyectos extractivos en la región.
En el pronunciamiento, los religiosos describieron situaciones que incluirían restricciones al ingreso a los espacios de debate, interrupciones a expositores y la inclusión de participantes no previstos. También hicieron referencia a presiones de diversa índole —económicas, laborales e incluso sociales— que, sostienen, buscan condicionar las posturas de quienes intervienen en estas discusiones.
La declaración también apunta a la influencia de intereses empresariales vinculados a la explotación de recursos minerales. En ese sentido, remarcaron que los discursos que promueven estas iniciativas suelen instalar expectativas de crecimiento económico, al tiempo que desacreditan a quienes plantean reparos ambientales, presentándolos como opositores al desarrollo.
El eje central del planteo gira en torno al valor estratégico de los bienes naturales de la Patagonia, especialmente el agua. Los obispos subrayaron que los glaciares cumplen un rol fundamental como reservas hídricas, en un contexto global marcado por la crisis climática y la creciente escasez de agua dulce. Diversos estudios científicos coinciden en que los glaciares andinos son claves para el abastecimiento de agua en amplias zonas del país, además de ser indicadores sensibles del cambio climático.
La actual Ley de Glaciares en Argentina, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de estos ecosistemas y prohíbe actividades que puedan afectarlos, como la minería en áreas periglaciares. Sin embargo, distintos sectores impulsan modificaciones que permitirían ampliar el margen de explotación de recursos, lo que genera un fuerte debate entre actores políticos, económicos y ambientales.
En este contexto, los representantes eclesiásticos cuestionaron que las decisiones se tomen bajo presión y advirtieron sobre las consecuencias de priorizar intereses económicos por sobre la protección del ambiente. También señalaron que muchas de las empresas involucradas no tienen presencia directa en la región, lo que, según su mirada, profundiza la desconexión entre quienes deciden y quienes habitan el territorio.
El documento concluye con un mensaje dirigido a la dirigencia política, a la que responsabilizan por la situación actual y le reclaman preservar los recursos naturales que caracterizan a la Patagonia. En particular, remarcaron la importancia de proteger ríos, lagos y reservas de agua frente a actividades que puedan comprometer su integridad.
Finalmente, los obispos alertaron sobre el deterioro del debate público, señalando que no sólo se estaría limitando la participación ciudadana, sino también afectando la calidad del intercambio democrático. En esa línea, hicieron un llamado a garantizar procesos más abiertos, inclusivos y respetuosos, en un tema que consideran crucial para el presente y el futuro del país.
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