El juez Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y bancario en la causa que busca determinar quiénes financiaron los viajes del jefe de Gabinete. También se analizarán registros audiovisuales del aeropuerto de San Fernando para identificar a quien difundió las imágenes del vuelo a Uruguay.
La investigación judicial en torno a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas que profundizan el alcance del expediente. El magistrado Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario con el objetivo de rastrear el origen de los fondos que habrían sido utilizados para financiar traslados del funcionario y su entorno familiar.
La decisión apunta a reconstruir con precisión el circuito del dinero detrás de los vuelos, en especial aquellos realizados en aeronaves privadas, que generaron cuestionamientos tanto en el ámbito político como institucional. En paralelo, la Justicia solicitó acceso a las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando, con la intención de identificar a la persona que registró y difundió un video en el que se observa a Adorni abordando un avión con destino a Uruguay junto a su familia.
Desde el entorno gubernamental aseguran tener identificada a quien habría captado las imágenes. Según versiones oficiales, se trataría de una delegada sindical llamada Victoria Correa, a quien vinculan políticamente con sectores opositores. Sin embargo, desde espacios políticos críticos al Gobierno rechazaron estas acusaciones y las interpretaron como un intento de desviar la atención del eje central de la investigación.
En ese marco, referentes del Frente de Izquierda sostuvieron que la discusión debería centrarse en esclarecer el origen de los fondos utilizados para los viajes. Señalaron además que la difusión del video expone una situación que requiere explicaciones públicas por parte del funcionario, en lugar de focalizar en quien registró el hecho.
Facturas, empresas y posibles conflictos
Uno de los elementos que más interés generó en la causa es la aparición de documentación vinculada a los pagos de los vuelos. Entre ellos, figura una factura emitida por la empresa In House S.A., propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío, quien actualmente tiene participación en medios estatales.
Según los registros, dicha firma habría abonado un vuelo privado hacia Punta del Este realizado el 12 de febrero, con un costo de 4.830 dólares. La información despertó interrogantes debido a que la empresa mantiene contratos con el Estado, específicamente dentro del área que depende de la Jefatura de Gabinete.
Este punto es central para la investigación, ya que el juez busca determinar si existió algún tipo de beneficio indebido o conflicto de intereses en la relación entre el funcionario y la compañía que habría financiado el traslado.
Otras líneas de investigación
El expediente no se limita únicamente a los vuelos privados. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) también analiza el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. Ese episodio había generado previamente cuestionamientos y fue uno de los primeros en instalar el tema en la agenda pública.
En este contexto, la Justicia ordenó reconstruir de manera integral el flujo de dinero vinculado a los viajes, con el fin de establecer si los fondos provinieron efectivamente de las empresas identificadas o si hubo otros aportantes aún no declarados.
Impacto político y clima interno
La difusión de documentos y comprobantes vinculados a la causa provocó un fuerte impacto dentro del Gobierno, donde el tema derivó en tensiones internas. Mientras algunos sectores buscan minimizar el alcance del caso, otros advierten sobre las consecuencias políticas que podría tener si se comprueban irregularidades.
Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la investigación entra en una etapa decisiva. El foco está puesto ahora en determinar con claridad quién financió los viajes, bajo qué condiciones y si existió algún tipo de incompatibilidad con la función pública.
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