La Auditoría General de la Nación denuncia trabas del Banco Central para verificar el destino de los lingotes enviados al exterior, pese a órdenes judiciales y reclamos del Congreso
A casi dos años de las primeras transferencias de oro al exterior, el manejo de las reservas argentinas continúa envuelto en cuestionamientos y falta de transparencia. La Auditoría General de la Nación (AGN) insiste en que no logra acceder a información clave para cumplir con su tarea de control, mientras el Banco Central mantiene una postura restrictiva que impide avanzar con la auditoría.
El conflicto gira en torno a los movimientos realizados durante 2024, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la conducción de Santiago Bausili, confirmó el traslado de parte de sus reservas de oro a cuentas en el exterior. Sin embargo, desde entonces, los detalles sobre el destino, las condiciones y los resultados de esas operaciones siguen siendo escasos o directamente inexistentes.
Un control que no puede concretarse
Desde la AGN aseguran que, pese a reiterados pedidos formales, no se les brindó la documentación necesaria para verificar aspectos fundamentales como la ubicación física de los lingotes, los costos de traslado, los seguros involucrados o el rendimiento financiero de las operaciones.
Incluso, fuentes vinculadas al organismo de control señalaron que la información disponible es tan limitada que impide llevar adelante una auditoría técnica real. En algunos casos, el acceso se restringió a la simple visualización de datos en computadoras del propio Banco Central, sin posibilidad de copiar, fotografiar ni tomar notas, lo que en la práctica vuelve inviable cualquier análisis exhaustivo.
“Siguen sin darnos precisiones sobre dónde está el oro y tampoco permiten desarrollar la auditoría”, indicaron voceros consultados, reflejando el nivel de preocupación dentro del organismo.
Argumentos de confidencialidad y creciente polémica
Desde el Banco Central sostienen que la información vinculada a las reservas se maneja bajo criterios de confidencialidad, una práctica que —según argumentan— se mantiene desde hace años en la administración de activos estratégicos. Sin embargo, esta postura choca con las obligaciones legales de rendición de cuentas ante los organismos de control del Estado.
La AGN, por su parte, remarca que está habilitada a trabajar con documentación sensible y que la negativa del BCRA vulnera principios básicos de transparencia pública.
La controversia escaló también al ámbito judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central entregar la información requerida, al considerar que se trata de datos de interés público vinculados a activos del Estado.
Dudas sobre el destino y la operatoria
La falta de información alimenta múltiples interrogantes. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si el oro permanece depositado en plazas financieras como Londres o Suiza, si fue utilizado como garantía para operaciones de crédito o incluso si una parte fue liquidada para obtener liquidez.
A esto se suma un dato que generó mayor controversia: el propio Banco Central reconoció que no existirían contratos formales vinculados a la colocación de esos lingotes en el exterior, lo que dificultaría aún más cualquier proceso de auditoría.
Especialistas advierten que la ausencia de documentación respaldatoria no solo complica el control institucional, sino que también podría abrir interrogantes sobre la legalidad y la trazabilidad de las operaciones.
El Congreso evalúa medidas
Ante la persistencia de la negativa, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso analiza posibles acciones, entre ellas la citación de las autoridades del Banco Central para que brinden explicaciones públicas.
No se descarta, además, la profundización de la vía judicial si continúa la falta de colaboración, en un contexto donde el manejo de las reservas internacionales —y particularmente del oro— adquiere una relevancia estratégica para la economía argentina.
Un tema abierto
Mientras el precio internacional del oro se mantiene en niveles elevados y el país enfrenta tensiones en su frente externo, la incertidumbre sobre el destino de estos activos clave sigue sin resolverse.
A casi dos años del inicio de las transferencias, la ausencia de información concreta y la imposibilidad de auditar plenamente las operaciones mantienen el tema en el centro del debate político e institucional, con un interrogante que persiste: dónde está —y cómo se administra— el oro de la Argentina.
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