El acuerdo para cursos de inglés destinado al ISEN reavivó el debate sobre conflictos de interés y transparencia, luego de que se conociera que la institución beneficiada está encabezada por la esposa de Federico Sturzenegger.
La adjudicación de un contrato millonario para la enseñanza de inglés al personal diplomático generó repercusiones políticas tras conocerse que la institución seleccionada es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El caso tomó relevancia pública por el procedimiento utilizado y por el contexto de ajuste y reducción del gasto estatal impulsado por el propio Gobierno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la contratación por más de $114 millones para la capacitación lingüística de agentes y aspirantes del servicio exterior. El trámite se realizó mediante una adjudicación simple por especialidad, modalidad prevista para casos específicos dentro del régimen de compras públicas, aunque sin convocatoria abierta a otros oferentes.
Capacitación en un área donde el idioma es requisito
El servicio contratado apunta a fortalecer el nivel de inglés del personal vinculado al ISEN, institución que exige certificaciones internacionales de idioma como condición de ingreso. Este punto también fue señalado en el debate público, ya que el dominio del inglés forma parte del perfil profesional requerido para la carrera diplomática.
En el expediente administrativo se argumentó que la AACI era el prestador adecuado para garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes dentro del Ministerio, y que al momento de la apertura del proceso se presentó una única oferta.
La figura de Rouillet y el impacto político
La situación adquirió mayor dimensión por el protagonismo de Rouillet, quien ocupa la dirección ejecutiva de la asociación desde al menos 2020 y fue la responsable de la propuesta presentada al Estado. Su condición de esposa de un ministro nacional obligó a activar mecanismos de control institucional y a incluir la relación en las declaraciones juradas correspondientes.
El episodio se produjo, además, en un contexto político marcado por las reformas impulsadas por Sturzenegger para reducir estructuras estatales y promover desregulaciones, lo que intensificó el contraste entre el discurso oficial y la adjudicación directa a una institución ligada a su entorno familiar.
Mientras desde el Gobierno se insiste en que no existieron irregularidades y que el proceso fue revisado por organismos de control, la polémica continúa abierta y suma cuestionamientos sobre la conveniencia política de este tipo de contrataciones, aun cuando se ajusten a la normativa vigente.
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