La medida judicial continuará vigente por tres meses o hasta que exista una sentencia definitiva. El fallo se inscribe en el debate por el acceso al agua como derecho esencial y en medio del proceso de privatización de la empresa prestadora del servicio.
La Justicia federal resolvió prorrogar la medida cautelar que impide la interrupción del servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago, una decisión que mantiene suspendidos los efectos de disposiciones incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025. La resolución extiende la protección por un plazo adicional de tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa colectiva iniciada contra el Estado nacional.
El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, que consideró que las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar original no se modificaron, por lo que correspondía sostener la suspensión del régimen que habilitaba el corte del suministro ante facturas impagas.
Una demanda colectiva y el cuestionamiento al decreto
La causa se originó a partir de una acción judicial impulsada por la Unión de Usuarios y Consumidores junto con Consumidores Libres, quienes cuestionaron la validez constitucional de los artículos del decreto que modificaron el marco regulatorio del servicio de agua y saneamiento.
Según plantearon las entidades, la normativa implicaba una regresión en la protección de derechos básicos al permitir la interrupción del suministro tras la acumulación de deuda. El decreto había introducido cambios que habilitaban la suspensión del servicio en plazos más breves que los vigentes anteriormente, en el contexto del proceso de reforma del esquema regulatorio y de la intención oficial de avanzar hacia la privatización de la empresa prestataria.
La discusión judicial ya había tenido un antecedente en 2025, cuando un juzgado federal de San Martín suspendió provisoriamente la aplicación del decreto al considerar que podía afectar derechos fundamentales vinculados al acceso al agua y al saneamiento.
Alcance de la protección judicial
La resolución actual mantiene la cobertura para todos los inmuebles residenciales alcanzados por el servicio. Además, establece una tutela especial para hogares donde residan niñas, niños o adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad. En esos casos, si el servicio hubiera sido interrumpido, se ordena su restablecimiento inmediato una vez acreditada la situación.
Desde las organizaciones demandantes señalaron que la decisión judicial cobra especial relevancia en un escenario de creciente morosidad en el pago de servicios públicos, fenómeno que —según explicaron— se vincula con las dificultades económicas de amplios sectores sociales.
El tribunal también sostuvo que la medida cautelar seguirá vigente mientras se analice el fondo del planteo, que incluye el pedido de declaración de nulidad e inconstitucionalidad de los artículos cuestionados por considerar que afectan condiciones básicas vinculadas a la salud, la vida y la seguridad de los usuarios.
Privatización, tarifas y tensión regulatoria
El conflicto judicial se produce en paralelo al proceso impulsado por el Gobierno nacional para avanzar en la privatización de AySA, empresa encargada de la prestación del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El DNU 493/2025 modificó el marco normativo vigente y habilitó la posibilidad de transferir la participación estatal, como parte de un esquema orientado a atraer inversiones privadas.
En este contexto, también se registraron modificaciones tarifarias. La compañía aplicó incrementos significativos en los últimos años y estableció un mecanismo de actualización gradual con ajustes mensuales para sostener el equilibrio financiero del servicio.
El debate sobre la eventual privatización incluye, además, la discusión sobre la rentabilidad del servicio, la reducción de costos operativos y el impacto social de los cortes por falta de pago, especialmente en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad.
El acceso al agua como derecho en discusión
Las asociaciones de consumidores sostienen que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano reconocido en normas constitucionales y tratados internacionales, por lo que la interrupción masiva del servicio en contextos de crisis económica podría profundizar desigualdades sociales y afectar condiciones mínimas de vida.
La prórroga de la cautelar, en ese sentido, mantiene abierto un debate jurídico y político más amplio: el alcance del rol del Estado en la garantía de servicios esenciales y los límites regulatorios frente a reformas estructurales del sector.
Mientras el expediente continúa su trámite, la decisión judicial asegura, al menos de forma provisoria, que el suministro no podrá ser suspendido por falta de pago en los hogares alcanzados por la medida, hasta que exista una resolución definitiva sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado.
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