El expediente por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza con procesamientos por asociación ilícita, fraude al Estado y coimas. El exdirector Diego Spagnuolo figura entre los principales acusados junto a exfuncionarios y empresarios vinculados al sector farmacéutico.
La investigación judicial por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en una nueva etapa luego de que el juez federal Sebastián Casanello dispusiera el procesamiento de 19 personas, entre ellas el ex titular del organismo Diego Spagnuolo. La causa se originó tras la difusión de audios que expusieron supuestos negociados vinculados a la compra de medicamentos e insumos, lo que derivó en allanamientos, auditorías y una extensa investigación judicial.
Según la resolución judicial, los acusados habrían integrado una estructura organizada que operó dentro del organismo estatal con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante el direccionamiento de contrataciones, el cobro de sobornos y la generación de sobreprecios en compras públicas. Para el magistrado y el fiscal Franco Picardi, el funcionamiento del esquema evidenciaría la existencia de una asociación ilícita con roles definidos y continuidad en el tiempo.
El rol que la Justicia atribuye a los principales acusados
Spagnuolo, quien se desempeñó como director de la ANDIS, fue procesado por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. En el expediente se lo señala como uno de los presuntos jefes del entramado investigado.
Junto a él también fueron considerados en roles de conducción Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al rubro de las droguerías. De acuerdo con la hipótesis judicial, la operatoria habría consistido en favorecer a determinados proveedores mediante mecanismos irregulares, generando perjuicios económicos al Estado nacional.
La causa sostiene que las maniobras investigadas no se limitaron a hechos aislados, sino que respondieron a un sistema coordinado orientado al enriquecimiento de sus integrantes. En ese marco, la Justicia analiza además el impacto económico del presunto fraude, que según estimaciones preliminares podría alcanzar miles de millones de pesos en sobreprecios detectados en medicamentos y prestaciones.
Los 19 procesados en la causa ANDIS
La lista de personas alcanzadas por el procesamiento incluye a funcionarios, empleados y particulares vinculados al funcionamiento del organismo y al circuito de proveedores:
- Diego Orlando Spagnuolo: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles; infracción a la Ley de Ética Pública.
- Daniel María Garbellini: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho; negociaciones incompatibles.
- Miguel Ángel Calvete: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho.
- Pablo Atchabahian: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública; cohecho.
- Diego Martín D’Giano: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Roger Edgar Grant: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Eduardo Nelio González: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Lorena Vanesa Di Giorno: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Luciana Ferrari: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Federico Maximiliano Santich: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Guadalupe Ariana Muñoz: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Patricio Gustavo Rama: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Ruth Noemí Lozano: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Andrés Horacio Arnaudo: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Silvana Vanina Escudero: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Alejandro Gastón Fuentes Acosta: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Ornella Calvete: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Patricia Canavesio: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
- Julio César Viera: asociación ilícita; defraudación contra la administración pública.
Cómo comenzó la causa y qué investiga la Justicia
El expediente judicial se inició tras la circulación pública de grabaciones atribuidas al entonces funcionario, en las que se describían presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema de compras del organismo. A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos, secuestro de documentación y análisis de contratos para determinar si existió un esquema de pagos ilegales y direccionamiento de licitaciones.
La investigación sostiene que la ANDIS habría sido utilizada como plataforma para obtener ganancias indebidas mediante operaciones que perjudicaron los recursos destinados a políticas públicas vinculadas a personas con discapacidad, un punto que el propio fallo judicial remarca como especialmente grave por el impacto social del área involucrada.
Una causa en desarrollo
El procesamiento no implica condena, sino que representa un avance en la investigación que permitirá continuar con la recolección de pruebas y la eventual elevación a juicio oral. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y no se descarta que surjan nuevas medidas judiciales o ampliaciones de imputaciones a medida que avance el análisis del material reunido por la fiscalía.
La causa ANDIS se mantiene así como uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político y administrativo reciente, al involucrar a exautoridades estatales y empresarios en una investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de un organismo clave del sistema de asistencia pública.
Autor
