La central obrera se prepara para recorrer el país y presentar propuestas alternativas en el Congreso con el fin de limitar el impacto del proyecto oficial sobre los derechos laborales.
Con el tratamiento legislativo de la reforma laboral cada vez más cerca, la CGT decidió intensificar su intervención pública y política. Frente a las gestiones del Ejecutivo para reunir votos, la dirigencia sindical pondrá en marcha una gira por distintas provincias para reunirse con gobernadores y expresar su rechazo a los aspectos más controversiales del proyecto.
La iniciativa estará encabezada por el triunvirato de conducción y apunta especialmente a mandatarios provinciales que, en los últimos meses, mantuvieron posiciones fluctuantes frente al gobierno nacional. La central obrera busca recomponer puentes y convencerlos de acompañar cambios que atenúen lo que califican como un avance sobre las condiciones de trabajo.
Según adelantaron fuentes gremiales, el recorrido comenzaría en el norte argentino y contemplaría encuentros en Santiago del Estero y Tucumán, además de posibles visitas a Jujuy, Córdoba y La Pampa. La modalidad elegida sería un viaje “rutero”, con traslados terrestres y paradas sucesivas, lo que permitiría mantener reuniones en distintas jurisdicciones en un lapso reducido.
Más allá de la agenda política, la CGT también jugará una carta clave en el plano técnico. Sus abogados especializados participarán en las comisiones del Senado donde se analizará el texto del proyecto. Allí expondrán observaciones y propuestas de modificación, con foco en preservar derechos que consideran centrales.
Uno de los puntos más cuestionados es la redefinición de las actividades esenciales. La reforma propone ampliar significativamente ese concepto y exigir altos niveles de prestación de servicios durante las huelgas. Para los sindicatos, esta ampliación limita el ejercicio del derecho a protesta al incluir sectores que hasta ahora no estaban alcanzados por esa obligación.
También generan fuerte rechazo la eliminación de la vigencia automática de los convenios colectivos vencidos, la preeminencia de los acuerdos por empresa y los cambios en el esquema de aportes solidarios. A esto se suma la creación del Fondo de Asignación Laboral, que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales por un sistema de aportes mensuales, cuya administración quedaría bajo control estatal.
Desde el oficialismo señalaron que el Senado será el ámbito de discusión y que existe disposición a dialogar sobre algunos artículos, aunque descartaron reuniones privadas con la conducción sindical. En ese contexto, la CGT apuesta a una doble estrategia: presión territorial a través de los gobernadores y presencia institucional en el Congreso, con la intención de influir en un debate que será clave para el futuro del régimen laboral en la Argentina.
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