Legisladores y organizaciones denuncian la subejecución del presupuesto para el manejo del fuego y advierten que la posible derogación de normas clave favorece la especulación tras los incendios.
El avance de los incendios forestales en la Patagonia volvió a poner bajo la lupa las políticas ambientales del Gobierno nacional. Mientras las llamas consumen miles de hectáreas y afectan poblaciones enteras, desde la oposición denuncian un fuerte retroceso en la prevención, el financiamiento y el marco legal destinado a proteger los ecosistemas.
De acuerdo con datos relevados por distintos bloques legislativos y centros de estudios económicos, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió un ajuste sostenido en los últimos años. En términos reales, la ejecución presupuestaria fue drásticamente menor en comparación con 2023: un 81% menos en 2024 y más del 70% en 2025. Incluso el Presupuesto 2026, aun con ejecución plena, consolidaría un recorte similar.
Estas cifras, sostienen los críticos del oficialismo, explican en parte la falta de recursos humanos, equipamiento e infraestructura para enfrentar incendios de magnitud extraordinaria. A esto se suma una baja ejecución del crédito asignado: poco más del 60% en 2024 y menos del 50% al año siguiente, lo que refuerza la idea de una política de prevención prácticamente inexistente.
El reclamo no se limita al plano presupuestario. Organizaciones ambientalistas alertaron sobre la intención del Gobierno de avanzar en la modificación o derogación de leyes socioambientales consideradas estratégicas. Entre ellas, la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe cambiar el uso del suelo en áreas incendiadas durante décadas, con el objetivo de desalentar incendios intencionales y frenar maniobras especulativas.
Desde el Ejecutivo se argumenta que esa normativa limita el desarrollo productivo. Sin embargo, sus detractores sostienen que su eliminación abriría la puerta a negocios inmobiliarios y extractivos sobre territorios devastados por el fuego. En ese sentido, recuerdan que intentos similares ya habían sido incluidos en proyectos legislativos anteriores y debieron ser retirados ante la resistencia parlamentaria.
El abogado ambientalista Enrique Viale advirtió que la magnitud de los incendios responde a múltiples causas que se potencian entre sí. Señaló la crisis climática, la expansión de especies exóticas inflamables, como el pino, y la falta de inversión estatal como los principales factores del desastre. A su entender, el desmantelamiento de políticas públicas agrava un escenario ya crítico.
En paralelo, el proyecto impulsado por Unión por la Patria también plantea la necesidad de asistir financieramente a las provincias afectadas mediante los Aportes del Tesoro Nacional. Desde ese espacio cuestionan que, en el último año, una parte significativa de esos fondos se haya distribuido con criterios discrecionales, beneficiando a distritos que no atravesaban emergencias climáticas comparables.
Para la oposición y los colectivos ambientales, el escenario actual no es producto del azar. Denuncian una estrategia que combina recortes, inacción y flexibilización normativa, cuyos efectos se traducen en bosques arrasados, comunidades vulnerables y un futuro ambiental cada vez más comprometido.
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