La paralización judicial de una obra clave para frenar el retroceso del frente costero en Santa Clara del Mar encendió todas las alarmas. Acantilados inestables, viviendas agrietadas y antecedentes trágicos en la región profundizan la urgencia de una definición.
La situación que se vive en la franja costera de Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, dejó de ser una preocupación ambiental para convertirse en una amenaza concreta para la seguridad pública. El avance sostenido de la erosión, agravado por sudestadas y lluvias intensas, pone en riesgo a vecinos, turistas y a las viviendas ubicadas sobre los acantilados, mientras una obra considerada fundamental permanece frenada por una medida judicial.
Desde la Provincia de Buenos Aires, el municipio y los residentes directamente afectados coinciden en el diagnóstico: la costa retrocede año tras año y el escenario se vuelve cada vez más peligroso. De acuerdo con estudios oficiales, el frente del acantilado pierde cerca de 1,9 metros por año, un ritmo que ya provocó grietas en casas y el colapso de infraestructura clave.
Uno de los episodios más recientes se registró en las playas de Camet Norte, donde una fuerte sudestada golpeó con violencia los acantilados y destruyó una de las bajadas que utilizan los guardavidas para acceder a la playa durante la temporada. El hecho reforzó la percepción de urgencia en una zona donde, ante cada temporal o lluvia intensa, crece el temor a un derrumbe.
Una obra licitada, pero detenida
La Provincia licitó un proyecto de defensa costera basado en la construcción de escolleras, una solución ampliamente utilizada para proteger este tipo de frentes marítimos. Sin embargo, el avance de los trabajos quedó paralizado por una medida cautelar dictada por la Justicia de Mar del Plata.
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, explicó que antes de lanzar la licitación se realizaron numerosos estudios técnicos y ambientales. “Se evaluó el impacto ambiental, paleontológico y sobre la fauna que habita bajo la arena. Se consultó a todos los organismos correspondientes para minimizar cualquier efecto negativo”, sostuvo el jefe comunal.
Según detalló, el origen del conflicto judicial se remonta a una denuncia contra un vecino que había arrojado escombros en la playa. Aun así, antes de avanzar con la obra, el municipio consultó formalmente al Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 de Mar del Plata, a cargo de la jueza Daniela Valeria Basso, para determinar si esa causa podía interferir con el proyecto. La respuesta inicial fue que no existían impedimentos.
No obstante, posteriormente un pequeño grupo de vecinos presentó una acción judicial contra la obra y la magistrada decidió ampliar la cautelar preexistente, lo que derivó en la paralización total del proyecto. “Nos encontramos con una decisión que contradice lo que se nos había indicado previamente”, expresó Wischnivetzky.
Vecinos en alerta y posibles protestas
Los propietarios de las viviendas más expuestas ya realizaron presentaciones judiciales y no descartan medidas de protesta más contundentes, como cortes de ruta, para visibilizar la situación y exigir una resolución urgente. La preocupación central es que el mar no espera los tiempos de la Justicia y cada temporada agrava el deterioro del acantilado.
El intendente advirtió sobre el riesgo de una tragedia: “Hay personas que se paran debajo de los acantilados sin dimensionar el peligro. Si ocurre un derrumbe con gente presente, es algo que va a quedar para siempre en la conciencia de quienes hoy tienen que decidir. Ya hubo víctimas fatales en distritos vecinos”.
En ese sentido, recordó antecedentes registrados en zonas cercanas del sudeste bonaerense, donde el colapso de sectores costeros provocó muertes, un escenario que las autoridades locales buscan evitar.
El rol de los ambientalistas y la respuesta oficial
Entre quienes impulsaron la acción judicial se encuentra un grupo ambientalista denominado Defensores de las Olas. Desde el municipio cuestionan la postura del colectivo y señalan contradicciones en las alternativas propuestas. “Se habló incluso de enterrar colectivos o barcos viejos como solución, algo que claramente no es amigable con el ambiente”, planteó Wischnivetzky.
Uno de los argumentos del grupo opositor es el posible impacto sobre una paleo-laguna existente en la zona. Frente a eso, el intendente fue contundente: “Si no se hace la obra, esa paleo-laguna va a quedar siete metros bajo el agua. Para verla, van a necesitar buzos”.
La posición oficial recibió respaldo del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, quien emitió una resolución en la que calificó de “claramente ilegítima” la oposición particular a la ejecución del proyecto. En el documento, subrayó que la obra cumple con todas las exigencias legales y reglamentarias, cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes y tuvo la intervención de los organismos de asesoramiento y control en cada etapa.
En qué consiste la obra cuestionada
El proyecto contempla la construcción de una escollera de transición destinada a impedir que la erosión continúe avanzando hacia el norte. Se trata de un sistema escalonado: las escolleras parten de un tamaño mayor en continuidad con las ya existentes en Santa Clara del Mar y se reducen progresivamente hasta alcanzar una dimensión mínima en Camet Norte.
Este tipo de infraestructura permite acumular arena, proteger la línea costera y reducir el impacto directo de las olas sobre los acantilados. Además, el plan incluye un relleno artificial de arena para acelerar el proceso natural de recuperación de la playa.
Mientras la obra permanece detenida, el municipio implementó medidas preventivas, como la señalización de las zonas de mayor riesgo y la restricción del acceso. Los guardavidas intentan evitar que las personas se acerquen a los sectores más comprometidos, aunque reconocen que resulta imposible mantener un control permanente, especialmente en temporada alta.
Qué dice el informe de la Provincia
Un estudio elaborado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires respalda la ejecución del proyecto. El informe destaca la “importancia sustancial” de aplicar y monitorear un Plan de Gestión Ambiental y Social que permita corregir de manera temprana cualquier impacto durante la etapa constructiva.
El documento recomienda específicamente la implementación de un Sistema de Espigones de Transición, al considerarlo el método más adecuado para este tipo de costa. Según el análisis técnico, el acortamiento progresivo de los espigones en ambos extremos asegura un flujo uniforme de la corriente que transporta sedimentos, protegiendo así los sectores más vulnerables.
En términos concretos, estos espigones de transición se ubican entre un sistema de defensa ya existente y la línea natural de costa adyacente, con el objetivo de evitar procesos de erosión localizada y facilitar un mayor pasaje de arena hacia las zonas desprotegidas.
Con antecedentes fatales en la región y un deterioro que no se detiene, desde el municipio insisten en que la situación requiere una definición inmediata. “Tomamos todas las precauciones posibles, pero no encontramos respuesta en la Justicia”, concluyó Wischnivetzky, mientras la costa sigue retrocediendo.
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