Un dossier filtrado describe una supuesta alianza entre el intendente Eduardo Accastello y la fiscal Juliana Companys, señalando bloqueo de expedientes, maniobras irregulares en el sistema penitenciario y un dispositivo comunicacional destinado a sostener la impunidad.
Villa María, Córdoba — Un documento que comenzó a circular en las últimas horas generó fuerte repercusión en el ámbito institucional cordobés al detallar lo que sería una relación de conveniencia entre el poder municipal y sectores del Ministerio Público Fiscal. El informe sostiene que el intendente Eduardo Accastello y la fiscal Juliana Erika Companys habrían tejido un vínculo funcional orientado a garantizarse protección recíproca frente a controles, investigaciones y eventuales sanciones.
De acuerdo con el material difundido, la conexión entre ambos funcionarios respondería a un esquema aceitado de favores cruzados. La hipótesis central plantea que el respaldo político del jefe comunal habría servido para blindar a la fiscal de auditorías internas o cuestionamientos disciplinarios, mientras que desde el ámbito judicial se habrían neutralizado causas sensibles que involucran al intendente.
Un engranaje de “protección y ataque”
El informe describe esta dinámica como un sistema en el que cada parte cumple un rol específico. Accastello, respaldado por su peso territorial y su trayectoria política, actuaría como un factor de resguardo institucional. En paralelo, Companys habría utilizado las herramientas propias de su función para desactivar expedientes judiciales que representaban una amenaza para la gestión municipal.
Entre los puntos más delicados se menciona la presunta paralización de investigaciones contra el intendente, incluso una causa de alcance federal tramitada en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del juez Julián Ercolini. Según el texto, estas actuaciones no habrían avanzado por decisiones adoptadas en instancias locales.
Señalamientos sobre prácticas irregulares en el sistema penal
El documento no se limita al supuesto encubrimiento político-judicial. También expone la presunta existencia de un mecanismo ilegal que involucraría detenciones arbitrarias con fines extorsivos. La denuncia sostiene que algunas personas habrían sido privadas de su libertad sin fundamentos sólidos para luego exigirles dinero a través de intermediarios legales.
Asimismo, se mencionan acusaciones de extrema gravedad vinculadas al funcionamiento de la Unidad de Detención N.º 5 de Villa María. El informe señala a la fiscal Companys y al juez de Ejecución Penal Ferreira como presuntos partícipes de circuitos de comercialización de estupefacientes y teléfonos móviles dentro del establecimiento carcelario, una práctica que, de confirmarse, implicaría una profunda degradación del sistema penitenciario.
El rol de la comunicación y las redes
Para sostener este entramado, el dossier describe la existencia de un dispositivo mediático orientado a moldear la opinión pública. En ese marco, se apunta a responsables de medios locales digitales y gráficos, a quienes se les atribuye la función de reforzar una imagen positiva de la fiscal, presentándola como una figura destacada en la lucha contra la corrupción.
El informe también menciona la intervención de usuarios influyentes en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), cuya tarea habría sido minimizar o diluir rápidamente cualquier información negativa. Según el texto, estas acciones buscarían desviar la atención de las acusaciones más graves, algunas de las cuales son caracterizadas con términos vinculados a delitos complejos como la trata de personas y el narcotráfico.
Un sistema cerrado bajo sospecha
La conclusión del documento es categórica: la combinación de poder político, respaldo judicial y control del relato mediático habría dado lugar a un esquema de protección casi infranqueable. Este “circuito cerrado”, sostienen las fuentes, explicaría la dificultad para que determinadas denuncias prosperen y sería un reflejo de prácticas estructurales que exceden el ámbito local.
Mientras el contenido del informe comienza a circular y generar debate, aún no se han producido respuestas oficiales de los funcionarios mencionados. La difusión de estas acusaciones abre un nuevo capítulo de tensión institucional en Villa María y vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre política, justicia y medios de comunicación.
Autor
