El Gobierno defendió el DNU que reestructura el sistema de inteligencia y concentra mayores atribuciones en la SIDE. Especialistas en derecho constitucional y organizaciones de derechos humanos advierten sobre riesgos de espionaje político, militarización de la seguridad interior y un retroceso en garantías democráticas.
Lejos de apaciguar la polémica, la decisión del Gobierno de modificar el sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia profundizó las críticas de juristas, referentes académicos y organismos de derechos humanos. Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma se ajusta a principios republicanos y democráticos, pero distintos sectores alertan que el nuevo esquema habilita prácticas propias de un Estado de vigilancia y reactiva la lógica del “enemigo interno”.
El DNU 941/2025 fue firmado el 31 de diciembre, una vez concluidas las sesiones extraordinarias del Congreso y sin que el tema hubiera sido incluido en la agenda legislativa. La norma redefine el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional y amplía de manera significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), incluyendo la posibilidad de realizar detenciones, operar bajo un régimen de secreto casi absoluto e involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interior.
Desde el Ejecutivo justificaron la medida señalando que responde al nuevo posicionamiento internacional de la Argentina y al liderazgo del presidente Javier Milei. En un comunicado oficial, la SIDE afirmó que la reforma apunta a modernizar el organismo y adecuarlo a los desafíos globales actuales, con una estructura más eficiente y reducida.
Sin embargo, uno de los cambios más sensibles es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), lo que implica que el Ministerio de Defensa pierde su área específica de inteligencia y pasa a depender directamente de la información producida por las Fuerzas Armadas. Exfuncionarios del área advirtieron que esta decisión debilita el control civil sobre los militares y responde a reclamos históricos de sectores castrenses.
El decreto también redefine el mapa interno del organismo. La SIDE continuará funcionando como estructura central, con cuatro áreas desconcentradas. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), orientado al plano externo, se mantiene sin cambios. En contraste, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) será reemplazada por la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), tras reconocerse superposiciones con el Departamento Federal de Investigaciones impulsado por el Ministerio de Seguridad. A su vez, la Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en Agencia Federal de Ciberinteligencia, cuyas competencias quedarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
En paralelo, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, una modificación que, según críticos, no altera sustancialmente sus funciones. Este rediseño se da en un contexto de cambios en la cúpula del organismo, tras el reciente ascenso de Cristian Auguadra como máxima autoridad de la SIDE, luego del desplazamiento de su antecesor por pérdida de confianza política.
Mientras bloques opositores activaron en el Congreso mecanismos para intentar rechazar el DNU —como ya ocurrió con otras normas vinculadas a fondos reservados—, las advertencias más severas llegaron desde el ámbito jurídico y de los derechos humanos. El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la inexistencia de razones de necesidad y urgencia y calificó como inaceptable que agentes de inteligencia puedan privar de la libertad a personas. Otros especialistas señalaron que la reforma profundiza una deriva autoritaria y debilita el control institucional.
La Asociación Argentina de Juristas consideró que el decreto es inconstitucional y alertó sobre la construcción de un aparato estatal opaco, con escasos límites y garantías para la ciudadanía. En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma no es meramente administrativa, sino un rediseño estructural que convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta con amplias facultades para vigilar a la población.
Según el CELS, el nuevo enfoque de contrainteligencia reinstala la idea de amenazas internas y obliga a distintos organismos del Estado a adoptar prácticas y protocolos propios del sistema de inteligencia, transformándolos en fuentes obligadas de información. Además, la decisión de declarar encubiertas todas las actividades del sistema refuerza un régimen de secreto que podría facilitar abusos, encubrimientos y un uso discrecional de los fondos reservados.
Con cuestionamientos que ya llegaron a los tribunales y una oposición dispuesta a dar la batalla parlamentaria, todo indica que el DNU 941/2025 se convertirá en uno de los ejes centrales del debate político e institucional en los próximos meses. Las críticas coinciden en un punto: la reforma no solo redefine la inteligencia estatal, sino que pone en tensión principios básicos del sistema democrático argentino.
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