La norma firmada por el Ejecutivo redefine el sistema de inteligencia nacional, amplía facultades operativas y concentra el control en la SIDE. Especialistas advierten sobre riesgos para las libertades, el equilibrio institucional y el rol del Congreso.
La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 abrió un fuerte debate político e institucional en la Argentina. El texto, de 19 páginas y rubricado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete, introduce cambios profundos en el esquema de inteligencia nacional que, según distintas miradas críticas, implican un retroceso en materia de derechos, controles democráticos y división de poderes.
Entre los puntos más controvertidos del decreto aparece la ampliación de las facultades de los agentes de inteligencia. El DNU habilita a estos efectivos a realizar aprehensiones sin orden judicial, un cambio que, en los hechos, los acerca al funcionamiento de una fuerza de seguridad encubierta. De este modo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pasaría a desempeñar un rol parapolicial, con atribuciones que hasta ahora estaban vedadas para este tipo de organismos.
Otro aspecto que genera preocupación es la definición amplia y poco precisa de las tareas de inteligencia. El decreto establece que todas las actividades desarrolladas en este ámbito tendrán carácter “encubierto”, sin detallar con claridad el alcance de esa categoría ni los límites operativos. La falta de especificidad, advierten analistas, podría abrir la puerta a abusos y a prácticas difíciles de auditar.
La norma también autoriza a la SIDE a disponer de personal militar y de fuerzas de seguridad para la realización de tareas de inteligencia. Sin embargo, el texto no fija criterios claros sobre la cantidad de efectivos involucrados ni sobre la duración de esa colaboración, lo que incrementa la incertidumbre respecto del grado de militarización de estas funciones y del control civil sobre las mismas.
En paralelo, el DNU introduce una fuerte reconfiguración del sistema de controles internos. El manejo presupuestario de todo el Sistema de Inteligencia Nacional y de los organismos vinculados quedaría centralizado en la SIDE, debilitando la autonomía de otras áreas. Un ejemplo citado es el del director de inteligencia del Ejército, quien pasaría a depender más del titular de la SIDE que del propio jefe de la fuerza, alterando la cadena de mandos tradicional.
También se redefine el rol de la actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que pasará a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. Si bien el decreto señala que las tareas de contrainteligencia quedan exceptuadas de funciones represivas o de facultades coercitivas, el cambio de estructura y denominación despierta inquietudes, especialmente entre periodistas y organizaciones de derechos civiles, por el posible impacto en la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En el área de Defensa, el DNU elimina la Dirección de Inteligencia Militar (DNIEM) y la reemplaza por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). Esta modificación implica que el ministro de Defensa perdería su estructura de inteligencia propia, transfiriendo ese poder al jefe del Estado Mayor Conjunto. Para sectores críticos, esta decisión profundiza un proceso de militarización de la defensa y reduce el control político sobre la información estratégica.
En conjunto, las modificaciones introducidas por el decreto son interpretadas como un fortalecimiento de un modelo estatal más opaco y represivo, con menor protección de derechos y garantías para la ciudadanía. Frente a este escenario, distintas voces reclaman que el Congreso rechace el DNU y exigen que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta y apruebe a través de una ley, con debate parlamentario y participación democrática.
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