Tras un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional, la Justicia Federal ordenó al Ejecutivo actualizar partidas salariales y becas. La decisión refuerza la vigencia de la ley y suma presión institucional sobre el Gobierno.
El Poder Judicial sumó un nuevo capítulo a la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. A través de una medida cautelar, un juzgado federal ordenó al Gobierno nacional cumplir con aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, entre ellos la actualización de los salarios del personal docente y no docente y de las becas destinadas a estudiantes.
El fallo, dictado por el juez Martín Cormick, respondió a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional, que había reclamado la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. La resolución judicial apunta a reparar de manera urgente el deterioro que atraviesa el sistema universitario en materia presupuestaria.
La decisión llega luego de que el oficialismo intentara, sin éxito, derogar la Ley de Financiamiento Universitario en el marco del debate del presupuesto nacional para el próximo año. Esa iniciativa tampoco prosperó en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques rechazaron la eliminación de la norma y de la Emergencia en Discapacidad, ambas aprobadas recientemente.
Desde el movimiento estudiantil, el fallo fue interpretado como un avance institucional. El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, sostuvo que la intervención judicial otorga mayor legitimidad a la ley y marca un precedente relevante. Según explicó, recurrir a la Justicia era el último paso pendiente para exigir el cumplimiento efectivo de una norma votada por el Congreso.
Carvalho señaló además que la cautelar obliga al Ejecutivo a enfrentar no solo la resistencia del Poder Legislativo, sino también el control del Poder Judicial. “Es una forma concreta de exigir que el Gobierno cumpla la ley”, afirmó en representación del estudiantado que elige formarse en la universidad pública.
Por su parte, referentes gremiales destacaron que la medida no resuelve de fondo la crisis presupuestaria, pero permite mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema. La actualización de salarios y becas es vista como un requisito mínimo para sostener las actividades académicas y garantizar el acceso y la permanencia de miles de estudiantes.
Con la mirada puesta en el futuro, desde los sindicatos docentes remarcaron que la defensa de las universidades requerirá constancia y compromiso colectivo. En ese sentido, insistieron en que la sociedad en su conjunto debe involucrarse para preservar un modelo educativo basado en la gratuidad, la inclusión y el carácter público del sistema universitario argentino.
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