El equipo económico de Javier Milei prepara un proyecto que busca poner un tope de diez sueldos a las indemnizaciones por despido sin causa. Los gremios alertan sobre un fuerte recorte de derechos.
En medio de un clima de tensión con los sindicatos, el Gobierno nacional analiza una reforma laboral que cambiaría de manera significativa las condiciones de despido en el país. El plan, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, propone establecer un máximo de diez sueldos como límite para las indemnizaciones por despido sin causa, una medida que el oficialismo considera clave para reducir los costos de desvinculación y favorecer la contratación de personal.
El borrador del proyecto, que forma parte de las discusiones del Consejo de Mayo, también plantea excluir del cálculo indemnizatorio el aguinaldo y los bonos anuales, dos componentes que hasta ahora integraban el monto total. Según argumentan desde el Ejecutivo, esta actualización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo permitiría “modernizar” las relaciones laborales y acercarlas a estándares internacionales de competitividad.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte oposición por parte de la CGT y diversos gremios, que advierten que el recorte podría debilitar la protección frente al despido y abaratar las cesantías. “Se trata de una flexibilización encubierta”, señalaron fuentes sindicales, que preparan acciones en defensa de los trabajadores.
Aunque el texto aún no fue presentado formalmente ante el Congreso, el debate ya se instaló en la agenda política. Mientras el Gobierno busca mostrar señales de “racionalización laboral”, el movimiento obrero alerta sobre el impacto social que podría tener una medida de este tipo en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.
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