La propuesta oficial incluye incentivos para pymes, vacaciones fraccionadas, pago digital de salarios y la posibilidad de aplicar bancos de horas.
El Gobierno trabaja en una reforma laboral que promete ser una de las discusiones más intensas del próximo año parlamentario. Con la mirada puesta en dinamizar el mercado de trabajo y estimular la inversión privada, la iniciativa combina medidas de flexibilización laboral con beneficios impositivos para pequeñas y medianas empresas.
El proyecto, inspirado en una propuesta anterior de la diputada Romina Diez, plantea un esquema de actualización integral de la normativa laboral vigente. Entre sus principales puntos, establece la posibilidad de acordar modificaciones en los contratos laborales siempre que cuenten con homologación oficial, autoriza la fragmentación de las vacaciones —con un mínimo de una semana por tramo— y extiende su goce hasta el 30 de abril del año siguiente.
Otro aspecto novedoso es el “banco de horas”, un sistema que permitirá compensar horas extras con tiempo libre en el futuro, junto con la implementación de francos compensatorios en reemplazo del pago adicional por trabajo excedente. Estas herramientas, explican desde el oficialismo, buscan adaptar las jornadas laborales a las necesidades productivas de cada sector sin afectar el descanso de los trabajadores.
La propuesta también prevé la entrega de recibos digitales, el pago de salarios mediante diferentes canales —efectivo, cheque o transferencia— y la extensión de las licencias por enfermedad. En casos de incapacidad prolongada, el empleador deberá conservar el puesto durante un año más, incluso después de concluido el período de licencia.
El Poder Ejecutivo proyecta presentar la versión final del texto en el Congreso durante el primer semestre de 2026, luego de una ronda de consultas con gobernadores, empresarios y sindicatos. Con este plan, el oficialismo aspira a dar forma a un nuevo marco regulatorio que modernice las relaciones laborales y promueva la formalidad en el empleo privado.