Profesionales y técnicos del hospital presentaron una denuncia penal y un recurso de amparo por la falta de aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. La presentación judicial se realizó pocos días antes de las elecciones, en medio de reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.
En el marco de un conflicto que lleva meses y a pocos días de los comicios del 26 de octubre, los trabajadores del Hospital Garrahan intensificaron sus reclamos. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del centro de salud presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al considerar que el Gobierno nacional no ha puesto en marcha la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso Nacional.
La denuncia fue radicada el pasado 22 de octubre, y en paralelo se presentó también un recurso de amparo con el objetivo de exigir la inmediata aplicación de la norma, que fue impulsada para reforzar la atención sanitaria infantil ante la crisis del sistema de salud.
Desde la APyT señalaron que la falta de implementación de la ley pone en riesgo la atención de miles de niñas, niños y adolescentes, y denunciaron que la situación en el hospital pediátrico más importante del país es “crítica” debido a la escasez de recursos, el deterioro salarial y la falta de personal especializado.
Los trabajadores vienen realizando diversas medidas de visibilización desde hace meses, en reclamo de mejores condiciones laborales, recomposición salarial y recursos adecuados para garantizar la atención pediátrica. La denuncia contra el Ejecutivo nacional se suma así a una serie de acciones gremiales y judiciales que buscan que el Gobierno cumpla con la normativa vigente y atienda la emergencia sanitaria que atraviesa el sector.
De acuerdo con lo expresado por los representantes del personal, la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica resulta urgente para garantizar el funcionamiento pleno de los hospitales y centros de salud dedicados a la atención infantil. “No se trata solo de una cuestión salarial, sino de la vida y el bienestar de miles de chicos y chicas que dependen de un sistema público que hoy está desfinanciado”, advirtieron.
La presentación judicial marca un nuevo capítulo en la disputa entre los trabajadores de la salud y el Gobierno, en un contexto de creciente tensión social y económica que también impacta en los hospitales públicos del país.
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