La comuna denunció que el Ejecutivo nacional exigió $17 millones por cada puente montado tras el temporal. “Si no pagábamos, se los llevaban”, reveló el secretario de Obras Públicas.
Una nueva polémica sacude la relación entre Bahía Blanca y el Gobierno Nacional. Tras el feroz temporal que devastó la ciudad en marzo, el Ejército Argentino instaló puentes de emergencia para reconectar los barrios más afectados. Sin embargo, lo que parecía un gesto solidario terminó en un fuerte reclamo económico: la Nación le exigió al municipio el pago de $17 millones por cada estructura colocada.
El dato fue confirmado por el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien aseguró que desde el Ejecutivo advirtieron que si no se aceptaban las condiciones impuestas, “desarmaban los puentes y se los llevaban”. La denuncia desató indignación entre los vecinos y abrió un nuevo frente de tensión política.
Según relató el funcionario, el cobro fue presentado como una “condición ineludible” para continuar con el servicio y mantener las estructuras en pie. Además del pago inicial, el convenio contemplaba un extra por mantenimiento, incrementando aún más la cifra que debía desembolsar la comuna.
El polémico acuerdo se formalizó con el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, y fue firmado bajo presión. “Intentamos resolver un problema urgente. El intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria) decidió pagar para que los puentes continuaran en su lugar. Fue una situación muy difícil de afrontar”, explicó Trankels.
Los puentes habían sido instalados de urgencia por personal militar tras el temporal del 7 de marzo, que arrasó calles, destruyó infraestructuras y dejó a miles de vecinos incomunicados. Estas estructuras modulares resultaron fundamentales para restablecer la circulación y permitir el acceso de vehículos y peatones a las zonas más castigadas.
Sin embargo, la controversia por el pago se suma a una larga lista de fricciones entre el municipio y el Gobierno Nacional. Ya en junio, la administración de Javier Milei había vetado una ley del Congreso que creaba un fondo especial de emergencia por $200.000 millones destinado a la reconstrucción de la ciudad.
Desde el municipio lamentan lo ocurrido y aseguran que la prioridad siempre fue “dar respuestas rápidas a los vecinos”. Mientras tanto, crece el malestar por lo que consideran una decisión insensible en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.
Bahía Blanca, que aún intenta recuperarse del desastre, vuelve a quedar en el centro de la tormenta. Esta vez, no por la fuerza de la naturaleza, sino por un conflicto político y económico que promete dar mucho que hablar.
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