El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo tras el veto presidencial a la ley que buscaba garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas. Javier Milei resolvió anular la norma sancionada en el Congreso, argumentando que la misma generaba un gasto fiscal insostenible y podía agravar la inflación.
El gobernador Axel Kicillof salió rápidamente a cuestionar la medida. Desde sus redes sociales, sostuvo que con esta decisión el presidente demuestra que no comprendió el mensaje de los votantes bonaerenses, quienes rechazaron en las urnas las políticas de ajuste sobre la educación. “La universidad pública es parte de nuestra identidad y vamos a defenderla cada vez que sea necesario”, afirmó.
La ley vetada representaba un cambio estructural en el financiamiento universitario. Establecía la actualización automática de los presupuestos en base a la inflación medida por el INDEC, garantizaba fondos para hospitales universitarios, proyectos de investigación, infraestructura y extensión académica, además de un refuerzo para becas estudiantiles.
Uno de los puntos más relevantes era la obligación del Poder Ejecutivo de convocar paritarias docentes y no docentes, de manera que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada. También preveía un fondo inicial de 10.000 millones de pesos para la aplicación inmediata de las medidas.
De manera progresiva, la norma proponía elevar la inversión estatal en universidades hasta llegar a un 1,5 % del PBI en 2031, partiendo del 1 % en 2026. Este esquema contaba con herramientas de auditoría y control para garantizar transparencia en la utilización de los recursos.
El veto presidencial reabrió un fuerte debate político y social en torno al futuro de la educación superior, considerada por amplios sectores de la sociedad como un pilar histórico del desarrollo argentino.
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