Legisladores de diferentes espacios políticos coincidieron este martes en señalar como “una amenaza a la democracia” las denuncias judiciales presentadas por el Gobierno nacional contra periodistas. La conferencia de prensa fue convocada por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara Alta, donde se puso de relieve la preocupación por el hostigamiento oficial hacia la prensa independiente.
El debate se originó tras las denuncias impulsadas por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra comunicadores que difundieron grabaciones de Karina Milei y del exfuncionario Diego Spagnuolo. Estas grabaciones expusieron posibles casos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El Gobierno, además de intentar prohibir la divulgación del material, solicitó allanamientos a periodistas bajo la hipótesis de una conspiración política internacional.
Carolina Moisés, presidenta de la comisión y senadora por Unión por la Patria, advirtió que “el Ejecutivo avanzó en una acción claramente anticonstitucional” y reiteró que el rol del Congreso es salvaguardar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información sin censura previa.
La legisladora también expresó la solidaridad de la comisión con los periodistas denunciados, recordando que los ataques verbales y estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo se vienen intensificando desde el inicio de la gestión. “El discurso de odio habilita la violencia, y esa violencia hoy se traduce en intentos de censura”, afirmó.
Desde la oposición, Pablo Blanco, senador de Juntos por el Cambio, señaló que “el Ejecutivo y parte del Poder Judicial están llevando adelante atropellos inaceptables contra los derechos consagrados en la Constitución”. El legislador fue especialmente crítico con el juez Alejandro Maraniello, quien dio lugar a la medida cautelar que restringe la difusión de los audios.
Por su parte, Martín Lousteau se sumó a la conferencia y planteó un interrogante a la sociedad: “¿Qué pasaría si cada vez que un periodista publica información que incomoda al Gobierno se ordena allanar su casa o su lugar de trabajo? Eso no es libertad de prensa, es un paso hacia el silenciamiento de voces críticas”.
Con estas declaraciones, el Senado dejó en claro su rechazo a lo que consideran un intento de censura y un avance sin precedentes contra los principios básicos del sistema democrático.
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