Por Monica Angelini
En la Argentina, las leyes más transformadoras no suelen surgir de un día para el otro. El Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual (Ley 26.879, sancionada en 2013) es un ejemplo claro: no nació de la inspiración súbita de un legislador, sino de años de reclamos, debates y persistencia de la sociedad civil frente a una de las problemáticas más dolorosas y persistentes, los abusos sexuales.
El primer impulso político
Ya en 2003, el entonces diputado nacional Miguel Saredi había planteado la necesidad de un “Registro de Violadores”, inspirado en la experiencia estadounidense de la “Ley Megan”. Su propuesta buscaba sentar un precedente en el país: contar con una base nacional de personas condenadas por delitos sexuales, con el objetivo de prevenir la reincidencia y brindar herramientas más eficaces a la Justicia.
Aunque encontró resistencias políticas y culturales, Saredi insistió año tras año en el Congreso. Y lo hizo, además, en diálogo constante con familiares de víctimas, como Isabel Yaconis, que terminaría convirtiéndose en el símbolo más fuerte de esta lucha.
El dolor transformado en motor
La historia de Isabel Yaconis es el reflejo de lo que significa convertir el dolor en acción colectiva. Tras el asesinato de su hija Lucila en 2003, Isabel se volcó a la militancia junto a la asociación Madres del Dolor, de la que es cofundadora. Desde allí sostuvo durante más de ocho años un reclamo claro y urgente: la creación de un banco genético de violadores.
Golpeó puertas, participó en debates parlamentarios y nunca se rindió frente a la indiferencia burocrática. En 2013, esa constancia se tradujo en una victoria: el Congreso sancionó la Ley 26.879. “Ninguna otra chica debía pasar lo que pasó mi hija”, diría Isabel tiempo después.
Una conquista de doble raíz
El Registro no es propiedad de un solo sector. Es una conquista que se construyó desde dos orillas que pocas veces se encuentran:
- La política, con proyectos que, como el de Saredi, fueron abriendo camino.
- La sociedad civil, con organizaciones como Madres del Dolor o AVIVI (Asociación de Víctimas de Violación), que mantuvieron viva la demanda cuando el Estado parecía mirar hacia otro lado.
Ese cruce entre política y ciudadanía hizo posible lo que parecía imposible: que el Estado argentino asumiera la responsabilidad de construir un sistema nacional capaz de identificar reincidencias y esclarecer delitos sexuales a través de datos genéticos.
Mirar hacia adelante
Hoy el Registro es una realidad. Su implementación fue lenta —recién a partir de 2017 empezó a expandirse mediante convenios con las provincias—, pero hoy funciona como una herramienta clave en la investigación penal. No obstante, queda mucho por mejorar: garantizar la actualización permanente de la base, extender su alcance federal y blindarlo frente a intentos de desfinanciamiento o desinterés político.
El Registro Nacional de Datos Genéticos es más que un banco de información: es el recordatorio de que las leyes más importantes nacen de la persistencia ciudadana y de la capacidad de la política para escuchar. Es, en definitiva, la prueba de que el dolor, cuando se convierte en lucha colectiva, puede transformarse en un avance concreto para toda la sociedad.
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