Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es acusada de llevar adelante tareas de vigilancia política sobre figuras de la oposición, sindicatos y grupos sociales. El escándalo se desató tras la filtración de un documento interno en el que se detalla el seguimiento de actividades políticas y sociales para el pasado 9 de julio.
El informe, identificado como Hechos previstos 09JUL25, revela un minucioso relevamiento de actos, reuniones y movilizaciones que incluían desde encuentros entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner hasta manifestaciones organizadas por jubilados frente al Congreso. También aparecen mencionadas protestas sindicales y eventos culturales.
El material habría sido producido por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las dependencias creadas bajo la órbita de la SIDE tras su reactivación por decreto presidencial. La ASN está encabezada por Alejandro Cecati, un excomisario vinculado al espionaje de familiares del ARA San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri.
La amplitud de las personas y organizaciones vigiladas genera fuerte preocupación. El listado incluye a dirigentes de la UCR, la Coalición Cívica, el PJ, así como a sindicatos como la CGT, la CTA, el gremio del neumático y otros sectores de trabajadores del Estado. Incluso se detectaron informes sobre actividades de personas con discapacidad y jubilados, lo que llevó a numerosos referentes políticos y del ámbito legal a advertir sobre una posible violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
Dicha normativa, en su artículo 4, prohíbe expresamente recolectar información sobre ciudadanos por su militancia política, religiosa o pertenencia a organizaciones gremiales o sociales. Cristina Caamaño, exinterventora de la AFI, fue tajante: “No hay ningún marco legal que habilite este tipo de vigilancia. Es lisa y llanamente ilegal”.
El legislador Leopoldo Moreau aseguró que Unión por la Patria está trabajando en una denuncia judicial. En paralelo, se espera que la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, convoque a una reunión para abordar de forma urgente el caso.
En el trasfondo del escándalo, vuelve a aparecer el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), elaborado por Sergio Neiffert, actual jefe de la SIDE y estrecho colaborador del asesor presidencial Santiago Caputo. Ese plan, presentado en octubre del año pasado, contemplaría la vigilancia de toda persona o sector que cuestione la política económica del Gobierno o su alineamiento con potencias extranjeras.
Ya en mayo de este año, se conoció una resolución interna de la SIDE firmada por Diego Kravetz que disponía el monitoreo de sectores sociales “vulnerables”, lo que confirmaría que el espionaje ilegal sería parte de una estrategia más amplia del oficialismo para controlar la conflictividad social.
Diversos sectores políticos y sociales denunciaron esta práctica como un intento de criminalizar la protesta y acallar voces críticas. La diputada Myriam Bregman advirtió que estas acciones buscan “generar miedo, debilitar la democracia y facilitar la entrega de los recursos nacionales”.
Este nuevo episodio de presunto espionaje ilegal ocurre en un contexto complejo para el Gobierno, que atraviesa tensiones internas, crecientes movilizaciones y recientes polémicas como la difusión de un video del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo lobby a un personaje extranjero vinculado a denuncias por abuso.
Desde diferentes espacios alertan sobre el uso político de los servicios de inteligencia y la complicidad del Poder Judicial ante estas prácticas. La investigación por estas maniobras está actualmente a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, pero aún no hay definiciones públicas sobre su avance.
La preocupación por el uso ilegal de la SIDE crece. Desde el Congreso, los tribunales y la sociedad civil, crece el reclamo para que el espionaje interno no se convierta en una herramienta del poder político.
Autor
