A pesar del respaldo legislativo, el Ejecutivo rechazó formalmente los proyectos que proponían un incremento en las jubilaciones y una respuesta urgente a la crisis en discapacidad. Ambos vetos fueron rubricados este sábado por el presidente Javier Milei y se harán oficiales el lunes, cuando aparezcan en el Boletín Oficial.
Las dos leyes habían sido sancionadas a comienzos de julio en el Senado, pero la Casa Rosada demoró deliberadamente la firma del veto como parte de una estrategia para frenar su pronto tratamiento en la Cámara de Diputados. De este modo, el Gobierno busca evitar una votación que podría resultar adversa si la oposición logra reunir los dos tercios necesarios para insistir con los proyectos.
El primer texto vetado, impulsado por sectores opositores y dialoguistas, proponía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aseguraba incrementos mensuales combinando la inflación con el índice salarial, en contraste con los actuales aumentos por decreto que aplica el Gobierno.
El segundo proyecto vetado declaraba la emergencia en discapacidad ante la alarmante reducción de fondos destinados al sector. La normativa tenía como objetivo garantizar la prestación de servicios básicos, transporte y atención integral para personas con discapacidad, en respuesta a los constantes reclamos de organizaciones que denuncian discontinuidad en pagos y servicios esenciales.
Mientras tanto, el oficialismo redobla sus esfuerzos en el frente político: mantiene conversaciones con gobernadores y bloques aliados para consolidar su posición. Entre las herramientas de negociación se encuentran la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y compromisos electorales de cara a los comicios del 26 de octubre.
El Gobierno justifica los vetos afirmando que las leyes representan un riesgo fiscal incompatible con los objetivos de su plan económico, que tiene como principal meta eliminar el déficit. Desde la administración nacional reiteran que no permitirán el avance de ninguna medida que implique elevar el gasto estatal.
La pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo continuará en las próximas semanas, con una atención especial puesta en los movimientos de los gobernadores y las estrategias que adopten los distintos bloques para definir si los vetos pueden ser revertidos o no.
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