Una nueva jornada de movilización de jubilados terminó en una feroz represión policial frente al Congreso Nacional. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando manifestantes de la tercera edad se congregaron, como cada semana, para exigir mejoras en sus haberes previsionales, el mantenimiento de la moratoria jubilatoria y la restitución de los beneficios del PAMI. La protesta terminó con más de treinta personas heridas, al menos siete detenidas y denuncias de violencia policial indiscriminada.
Las fuerzas de seguridad, integradas por efectivos de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, desplegaron un operativo coordinado aplicando el controvertido “protocolo antipiquetes”. La marcha había comenzado con una radio abierta en el centro porteño, donde diversas organizaciones sociales y de jubilados compartieron testimonios. Luego, se realizó una ronda en torno al Parlamento, seguida de una movilización hacia la avenida de Mayo. Fue en ese tramo donde los agentes colocaron vallas y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, muchos de ellos adultos mayores con dificultades físicas.
Rubén, referente de la agrupación Jubilados Insurgentes, relató que “cuando intentaban avanzar hacia la 9 de julio para realizar un acto simbólico, fueron interceptados por una barrera policial. Al quedar acorralados, comenzó la represión con gases y golpes”. El referente destacó la violencia desmedida ejercida contra personas mayores y denunció que “no había ninguna justificación para esa respuesta policial, ya que el tránsito estaba interrumpido por las propias fuerzas de seguridad”.
La convocatoria, sin embargo, logró reunir a numerosas agrupaciones como la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, como Asamblea Discas en Lucha. Manuel Gutiérrez, integrante de la Mesa Coordinadora, señaló que “la protesta fue amplia y unitaria” y que este tipo de movilizaciones “ya se están replicando en otras provincias como Catamarca, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Rosario y Río Negro, lo que demuestra una creciente conciencia federal en defensa de los derechos previsionales”.
La violencia policial no sólo alcanzó a los manifestantes, sino también a la prensa y al personal médico voluntario. Fotógrafos y cronistas fueron agredidos, y según testigos, hubo disparos con balas de goma y granadas aturdidoras lanzadas a corta distancia. Uno de los casos más impactantes fue el de un niño de 4 años que resultó herido mientras se encontraba en la plaza con su familia.
La Comisión por la Memoria, presente en la movilización, denunció públicamente el accionar represivo. En sus redes sociales, advirtió que los detenidos fueron reducidos con extrema violencia y arrastrados por el suelo. También reportaron agresiones a integrantes de su equipo de monitoreo de derechos humanos y a las postas de salud.
El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que suele asistir a heridos en este tipo de situaciones, brindó atención médica a al menos 20 personas. Su coordinador, Esteban Chala, explicó que entre los afectados hubo una mujer de 55 años que debió ser trasladada por el SAME debido a sus lesiones, y numerosos casos de intoxicación por gas pimienta.
Los manifestantes aseguraron que seguirán movilizándose a pesar de la represión. “Vamos a seguir saliendo a la calle. Lo que pedimos es algo básico: una jubilación digna que alcance para vivir”, expresó Rubén.
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