El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quedó envuelto en una seria controversia política y judicial tras conocerse una grabación en la que se ofrece a facilitar vínculos con el poder judicial, legislativo y mediático al estadounidense Timothy Ballard, acusado de múltiples abusos sexuales. La situación desató pedidos de juicio político, denuncias penales y fuertes cuestionamientos dentro y fuera del Gobierno.
En la grabación, realizada con cámara oculta, Cúneo Libarona aparece hablando con comodidad junto a Ballard, prometiéndole acercarle proyectos de ley, conectarlo con periodistas y jueces, e incluso le menciona artículos penales “inspirados” en la película Sound of Freedom, que narra las acciones de Ballard contra el tráfico infantil. Estas promesas serían parte de un intento de reparar lo que el ministro llamó un “malentendido”, en alusión al bloqueo impuesto por Patricia Bullrich a una reunión entre el presidente Javier Milei y el exagente norteamericano.
Bullrich había expresado públicamente su oposición a cualquier vínculo institucional con Ballard, a quien señaló como “un abusador con 23 causas” y aclaró que fue separado de todas las entidades de lucha contra la trata. La ministra también recordó que fue expulsado de su iglesia y de la ONG que él mismo fundó.
La controversia no solo expone una grieta entre ministros del Gobierno, sino también una gestión personal de Cúneo Libarona que bordea los límites de la legalidad. Según legisladores opositores como Esteban Paulón y Margarita Stolbizer, el accionar del ministro podría configurar delitos como tráfico de influencias y abuso de poder. Por ello, presentaron una solicitud formal de juicio político.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el hecho revela un patrón preocupante en la gestión de La Libertad Avanza, a la que acusa de incumplir sistemáticamente los principios de ética pública. En tanto, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta consideró que el accionar del funcionario reviste una “enorme gravedad institucional”, ya que implica la posible colaboración con una persona denunciada por delitos gravísimos en el país.
El abogado Rodrigo Tripolone, por su parte, denunció penalmente a Cúneo Libarona por abuso de autoridad. La causa quedó radicada inicialmente en el fuero ordinario, pero podría pasar a Comodoro Py. Tripolone, quien representa a dos de las denunciantes de Ballard, señaló que el ministro podría haber actuado con fines encubridores.
En este contexto, el Gobierno optó por mantenerse en silencio. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, trató de minimizar el escándalo al declarar que no había “nada que reprochar” a Cúneo Libarona. La polémica, sin embargo, sigue creciendo y pone en jaque la continuidad del titular de Justicia.
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