El 29 de julio de 1966 marcó un punto de quiebre en la historia educativa y política de la Argentina. Ese día, el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía impuso el Decreto-Ley N° 16.192, mediante el cual se anuló la autonomía de las universidades nacionales. Esta medida subordinaba las decisiones académicas al Ministerio de Educación y exigía a las autoridades universitarias que aceptaran el nuevo esquema o presentaran su renuncia en un plazo de treinta día
Esa misma noche, las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en las instalaciones universitarias de la calle Perú al 222, donde docentes y estudiantes mantenían una ocupación pacífica. El operativo represivo, conocido como la “Operación Escarmiento”, dejó una imagen imborrable en la memoria colectiva: policías armados golpeando con bastones a académicos, investigadores y jóvenes que defendían la libertad de pensamiento. Desde entonces, la jornada sería recordada como “La Noche de los Bastones Largos”.
Las consecuencias fueron devastadoras para el sistema universitario argentino. Más de 1.300 docentes de reconocida trayectoria renunciaron en masa, y centenares de científicos se vieron obligados a emigrar para continuar sus carreras en el exterior, privando al país de un valioso capital intelectual.
A casi seis décadas de aquel episodio, distintos sectores advierten una nueva amenaza contra la educación pública. El actual gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y con Luis Caputo al frente del área económica, ha ejecutado recortes drásticos en el presupuesto destinado a las universidades. La inversión en infraestructura, que en 2023 ascendía a 23.000 millones de pesos, fue reducida a tan solo 4.000 millones. Además, se han paralizado 119 obras previstas, 38 de ellas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Este distrito, en particular, sufrió un recorte del 25% en el financiamiento universitario durante el 2024.
En términos generales, el presupuesto educativo nacional se encuentra en su nivel más bajo en los últimos veinte años. Mientras en 2023 representaba el 0,72% del Producto Bruto Interno (PBI), para 2025 se proyecta una caída al 0,43%. Esta reducción impacta de lleno en la calidad educativa, llevando la inversión por estudiante a niveles similares a los del año 2005. A esto se suma la alarmante pérdida del poder adquisitivo de docentes y personal no docente, que ha retrocedido un 85% respecto de años anteriores, ubicándose por debajo del nivel registrado en 2002.
En contraposición a este escenario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó el programa “Puentes”, que busca fortalecer la educación superior en el territorio bonaerense. A través de esta iniciativa, se destinarán $22.000 millones para el desarrollo de 37 centros universitarios distribuidos en 80 municipios, alcanzando a más de 10.000 estudiantes que podrán continuar sus estudios sin abandonar sus localidades de origen.
Frente a un presente adverso y un pasado que aún resuena con fuerza en la conciencia colectiva, vuelve a plantearse la necesidad de una política educativa sustentada en el derecho al conocimiento como motor de transformación social. Como alguna vez propuso el ideario peronista, la educación debe ser una herramienta para que el pueblo pueda realizarse plenamente y construir una comunidad organizada donde cada individuo encuentre su lugar.
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