El bloque de Unión por la Patria expresó un enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la privatización de AySA, medida impulsada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 494/2025. En este contexto, el senador Eduardo “Wado” de Pedro presentó dos proyectos en el Congreso con el fin de evitar que el servicio de agua potable y saneamiento quede en manos del sector privado.
“Queremos garantizar que el agua siga siendo un derecho y no se transforme en un negocio”, afirmó el legislador, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de entregar un recurso vital al mercado. De Pedro recordó que la gestión estatal de AySA permitió avances significativos en cobertura, calidad y equidad en el acceso a los servicios.
Entre los logros alcanzados desde 2006, tras la reestatización de la compañía, se destacan la incorporación de millones de personas a la red de agua y cloacas, así como la mejora sostenida en los niveles de cobertura. Los datos presentados por el senador indican un incremento del 79% al 85% en acceso a agua potable y del 60% al 70% en servicios cloacales en todo el área de concesión.
Además, se construyeron nuevas plantas potabilizadoras y de tratamiento, y se redujeron notablemente los cortes de suministro. De Pedro señaló que la inversión pública en infraestructura fue 20 veces mayor que la registrada en el período privatizado bajo la firma Aguas Argentinas.
El senador también recordó las consecuencias negativas que tuvo la privatización en la década del 90. “Las tarifas se duplicaron, no se realizaron inversiones y los desechos cloacales terminaban sin tratamiento en los ríos”, denunció. Para él, volver a ese esquema implicaría “un grave retroceso en materia sanitaria y ambiental”.
De Pedro insistió en que AySA pertenece a los argentinos y argentinas, y que mantener su carácter público es clave para preservar la soberanía y garantizar un servicio esencial. “Estos proyectos buscan proteger la empresa y dejar en claro que defender su administración estatal es defender la salud y la vida del pueblo”, concluyó.
La ofensiva parlamentaria en el Senado se suma al rechazo que ya manifestó la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores denunciaron que el decreto del Ejecutivo constituye una violación al funcionamiento institucional, y recordaron que la actual estructura pública de AySA fue ratificada por el Congreso a través de la Ley 26.221. La iniciativa de De Pedro representa un nuevo capítulo en el intento del bloque por frenar la ola privatizadora y resguardar los bienes estratégicos del país.
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