En una jornada legislativa cargada de tensiones políticas, la oposición en la Cámara de Diputados logró avanzar con fuerza en dos iniciativas clave que confrontan directamente con la agenda del Gobierno nacional. Por un lado, obtuvo dictamen de mayoría para declarar la emergencia pediátrica nacional, con foco en el sostenimiento del Hospital Garrahan. Por otro, logró el respaldo suficiente para exigir el financiamiento integral de las universidades públicas, en respuesta al ajuste presupuestario impuesto por la administración libertaria.
El debate sobre el sistema de salud pediátrica fue atravesado por contratiempos inesperados, como la suspensión de vuelos que alteró la presencia de algunos legisladores. Sin embargo, los bloques opositores lograron sortear los obstáculos y reunir 65 firmas para apoyar el dictamen que establece un año de emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas del país. El texto declara al Hospital Garrahan como institución de referencia y obliga a garantizar su funcionamiento sin interrupciones.
El debate se tensó aún más por la conducción del plenario de comisiones. Ante la ausencia de la presidenta de la Comisión de Salud, María Montoto, la vicepresidenta Carla Carrizo intentó encabezar la sesión, lo que generó resistencia entre los diputados oficialistas. Finalmente, la comisión fue presidida por el libertario José Luis Espert, quien estaba entre los principales señalados en el emplazamiento previo.
Uno de los elementos centrales del dictamen fue la propuesta de derogar la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el régimen de residencias médicas. Si bien esta medida no fue acompañada por toda la coalición opositora, recibió el respaldo de sectores importantes y el apoyo de los profesionales de la salud presentes en la discusión.
En simultáneo, se desarrolló el debate sobre la crítica situación presupuestaria de las universidades públicas. Rectores, estudiantes, docentes y no docentes presentaron documentos con miles de adhesiones, exigiendo una respuesta concreta ante el ahogo financiero del sistema. El dictamen de mayoría recibió 49 firmas y obliga al Gobierno a asegurar el financiamiento del sistema universitario, la recomposición de los salarios docentes, la convocatoria a paritarias y la actualización automática de las becas y fondos de investigación. También establece auditorías a cargo del Congreso.
La Casa Rosada, que ya vetó una ley similar aprobada anteriormente, volvió a quedar en una posición de aislamiento. El oficialismo no presentó ningún dictamen favorable y se limitó a expresar su rechazo, al igual que sus aliados del PRO, la UCR y otros bloques provinciales.
Ambos proyectos podrían ser tratados en el recinto la semana próxima, y todo indica que el oficialismo no contará con los votos necesarios para frenar su avance. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó su intención de vetarlos en caso de ser aprobados, lo que podría abrir un nuevo frente de conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
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