Un convenio firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri derivó en el traspaso de más de 1300 millones de pesos para obras en rutas nacionales que jamás se llevaron a cabo. La suma, que hoy supera los 50 mil millones en valor actual, tenía como destino la instalación de infraestructura para reducir accidentes viales, pero desapareció sin dejar rastros claros.
La situación genera fuertes cuestionamientos a la gestión de Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento, exfuncionario del macrismo, afiliado al PRO y parte de Juntos por el Cambio. Se sospecha que parte de esos fondos podrían haber sido utilizados para financiar su campaña electoral en la localidad bonaerense.
El convenio contemplaba mejoras en las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34, como la colocación de señalización inteligente, tachas reflectivas, luces LED y demarcación vial especial. Sin embargo, tras una auditoría técnica encargada a la Asociación Argentina de Carreteras, se constató que las obras no fueron ejecutadas. En algunos tramos sólo se hallaron intervenciones defectuosas, carteles mal ubicados o materiales sin instalar.
El informe fue respaldado por documentación elaborada por Luis Goldín, quien se desempeñaba como director jurídico de Seguridad Vial. En su investigación interna, Goldín también incluyó las respuestas de las empresas que debían llevar adelante las obras, las cuales negaron haber recibido instrucciones o realizar tarea alguna. “Los fondos se transfirieron, pero no hay rastro del uso real”, sostuvo el letrado.
La causa judicial, a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se encuentra sin avances desde hace cuatro años. La inacción de los magistrados ha sido duramente cuestionada, especialmente por sectores que recuerdan que ambos protagonizaron causas contra referentes del kirchnerismo, promovidas precisamente por el entonces funcionario Iguacel.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a Iguacel y a Guillermo Dietrich, exministro de Transporte, por el presunto delito de malversación de caudales públicos. En el informe presentado se detallan las inconsistencias del uso de los fondos y el incumplimiento sistemático de los contratos firmados entre los organismos estatales y los proveedores privados.
En paralelo, Iguacel, que se alejó de la gestión pública, ahora incursiona en el negocio energético. Según trascendidos, estaría desarrollando maniobras financieras que le permitirían captar ganancias multimillonarias con mínima inversión, mediante la adquisición de activos de YPF a través de sociedades de bajo capital inicial.
Mientras la Justicia mantiene paralizada la causa, las voces críticas insisten en que se profundice la investigación para determinar si los recursos públicos destinados a salvar vidas en las rutas argentinas terminaron alimentando una campaña política partidaria.
Fuente: La Política Online
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