El Ejecutivo nacional avanza con una serie de decretos orientados a consolidar su plan de achicamiento del Estado, con foco en organismos técnicos y de control como el INTA, el ANMAT y el Instituto Nacional del Cáncer. El objetivo es aprobar estos cambios antes de que expiren las atribuciones extraordinarias que el Congreso le otorgó al presidente Javier Milei mediante la Ley Bases.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que hay al menos trece decretos listos para su firma, los cuales serán fundamentales para avanzar en recortes presupuestarios, reducir la estructura estatal y centralizar competencias dentro del Ejecutivo. La firma de estas medidas se activará de inmediato tras el retorno de Milei de su viaje internacional.
Entre los organismos apuntados por las reformas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria figura entre los más comprometidos. Las modificaciones previstas contemplan desde despidos hasta la venta de bienes inmuebles y un rediseño completo de su gobernanza. Otros entes bajo análisis incluyen al Senasa, la ANMAT y la ANAC, todos ellos claves para el control sanitario, tecnológico y aeronáutico del país.
Una de las áreas más delicadas es la del Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación fue anunciada en el pasado pero todavía no cuenta con un marco reglamentario. A pesar de tratarse de un sector sensible en términos de salud pública, continúa figurando en la lista de posibles reformas.
Las carteras más involucradas en este proceso serán las de Salud, Capital Humano y Economía. No obstante, desde el propio oficialismo reconocen que la revisión jurídica de los decretos podría demorar su implementación, lo que genera incertidumbre respecto a la posibilidad de cumplir con los plazos fijados.
A la par de estas medidas estructurales, el Gobierno mantiene su estrategia de reducción de personal: en los últimos doce meses, la cantidad de empleados públicos bajó de 322.000 a 292.000. Además, los salarios de los altos cargos siguen congelados desde fines de 2023, y los trabajadores independientes contratados por el Estado continúan reclamando una actualización que no se produce desde octubre.
Por último, el rol del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado quedará en una situación ambigua luego del 8 de julio. Si bien podría conservar funciones de asesoramiento, su capacidad para promover reformas sin el respaldo del Congreso se verá drásticamente reducida.
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