Mientras el Gobierno se prepara para definir por decreto un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) reveló un dato preocupante: desde diciembre de 2023, el SMVM perdió aproximadamente un 33% de su poder adquisitivo.
El informe advierte que esta caída se suma a retrocesos anteriores, lo que deja al salario mínimo en abril de 2025 un 44,1% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019 y un 57,3% menos que en noviembre de 2015. En términos reales, el monto actual ($296.832) cubre solo el 58,1% de la canasta básica alimentaria para una familia tipo y apenas un cuarto de la canasta de pobreza.
Para igualar el poder de compra de años anteriores, el salario mínimo debería ubicarse cerca de los $700.000, según el mismo informe. No obstante, la propuesta empresarial durante la última reunión del Consejo del Salario fue de apenas $301.500 para abril, un 1,3% más que el valor anterior. Las centrales obreras, por su parte, reclamaron una cifra muy superior: $644.165 para abril y $657.703 para mayo, lo que supondría un incremento cercano al 120%.
La falta de consenso entre las partes derivó en una nueva intervención del Gobierno, que resolverá la actualización salarial mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Se trata del mismo mecanismo utilizado desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ante la imposibilidad de arribar a acuerdos en el ámbito tripartito.
Especialistas en relaciones laborales advierten que la situación del salario mínimo actual es crítica. No solo se ubica por debajo de niveles de gobiernos anteriores, sino también en comparación con etapas históricamente regresivas, como la década del 90 o los años posteriores a la crisis de 2001. En aquel entonces, al igual que hoy, se abandonó al salario mínimo como una herramienta para garantizar un piso digno de ingresos y reducir la desigualdad social.
A pesar del discurso oficial que insiste en la contención inflacionaria, el impacto en el poder de compra es evidente. La pérdida de capacidad de consumo de millones de trabajadores pone en duda la sostenibilidad del modelo económico actual y agrega presión sobre las políticas sociales del Ejecutivo. ¿Será suficiente el próximo decreto para recuperar parte del terreno perdido? Todo indica que no.
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