El Gobierno nacional, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este jueves las nuevas cifras de jubilaciones y asignaciones familiares que regirán desde mayo, en respuesta al ajuste por inflación de marzo, que fue del 3,73% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con la Resolución 211/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de ANSES, Fernando Omar Bearzi, se dispuso que la jubilación mínima se eleve a $296.481,74, mientras que el haber máximo será de $1.995.041,47. Además, la base imponible mínima se fijó en $99.855 y la máxima en $3.245.240,49.
También se actualizaron los valores de la Prestación Básica Universal (PBU), que alcanzará los $135.626,86, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que será de $237.185,39.
En paralelo, el organismo estableció, a través de la Resolución 212/2025, un aumento del 3,73% para todas las asignaciones familiares. Esta medida comprende a empleados en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignación por embarazo, prestaciones por desempleo y veteranos de guerra.
Los nuevos valores de las asignaciones por hijo, organizados por tramo de ingreso familiar, son los siguientes:
- Hasta $824.838: $53.271.
- Desde $824.838,01 hasta $1.209.707: $35.933.
- Desde $1.209.707,01 hasta $1.396.650: $21.731.
- Desde $1.396.650,01 hasta $4.367.942: $11.211.
Asimismo, la actualización alcanzó a otras prestaciones importantes:
- Asignación por nacimiento: $62.074,78.
- Asignación por adopción: $371.167,02.
- Asignación por matrimonio: $92.949,18.
- Ayuda escolar anual: $90.260,48 para todos los trabajadores, con un tope de ingresos familiares de $4.210.876, excepto para hijos con discapacidad, quienes no tienen tope de ingresos.
Cabe destacar que las familias donde alguno de sus integrantes supere los $2.183.971 de ingreso individual quedarán fuera del régimen de asignaciones, independientemente del ingreso total del grupo.
Con estos ajustes, el Gobierno busca adecuar los haberes y asignaciones al ritmo de la inflación, garantizando así el poder adquisitivo de los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.
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