Una vez más, la violencia estatal se hizo presente durante una manifestación encabezada por jubilados frente al Congreso de la Nación. En paralelo al discurso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que abordaba posibles modificaciones en el sistema de jubilaciones, afuera se desataba una represión que dejó más de un centenar de heridos, incluyendo menores de edad, legisladores y trabajadores de prensa.
La intervención policial incluyó a varias fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA— que utilizaron gases químicos y violencia física contra los asistentes. Entre los casos más alarmantes se encuentra el de una nena de 13 años, quien fue atendida por psicólogas luego de sufrir una crisis de ansiedad al quedar atrapada por error en medio del operativo. Otro de los agredidos fue un joven de 16 años que había llegado al lugar para sumarse a la manifestación.
El diputado nacional Alejandro Vilca también fue víctima del accionar policial: fue alcanzado por gases lacrimógenos y debió ser trasladado a un hospital. La jornada se vio marcada además por una ofensiva particular contra la prensa: reporteros y fotógrafos fueron blanco de los ataques, siendo uno de ellos alcanzado por un proyectil disparado desde un arma Byrna.
Organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria condenaron lo ocurrido y denunciaron que se trató de una represión planificada. “Golpearon a personas mayores, menores y periodistas sin ninguna justificación. Muchos de ellos ni siquiera estaban en la calle, sino sobre las veredas”, declaró Roberto Cipriano García, representante de la entidad.
Desde el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios informaron que atendieron a 76 personas, principalmente afectadas por gas pimienta, con síntomas de irritación en ojos y piel. A su vez, se recordó que la represión se produjo el mismo día en que el fotoreportero Pablo Grillo era intervenido quirúrgicamente a raíz de las heridas que sufrió en una manifestación anterior.
La reiteración de estos hechos marca una preocupante tendencia en el tratamiento de las protestas sociales, especialmente aquellas protagonizadas por sectores vulnerables como los jubilados.
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