La Justicia obliga al gobierno porteño a asumir el control de la seguridad en las movilizaciones
El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumir la totalidad del operativo de seguridad en el marco de la manifestación convocada por jubilados y gremios de la CGT para este miércoles. La decisión judicial impide que el Ministerio de Seguridad de la Nación intervenga en la represión o el control de la protesta, excepto en la custodia de objetivos federales puntuales.
La resolución se origina en una medida cautelar presentada por Walter Gramajo, secretario general de la UTEP, y los dirigentes gremiales Julio Piumato y Maia Volcovinsky, quienes alertaron sobre el avance de las fuerzas federales en territorio porteño durante manifestaciones pacíficas. La presentación exige garantizar la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los manifestantes, además de delimitar con precisión los espacios que deben ser protegidos por fuerzas nacionales.
Desde comienzos del año, cada movilización ha sido respondida con fuertes despliegues de Gendarmería y otras fuerzas federales, por órdenes del Ministerio de Seguridad nacional. Estas intervenciones derivaron en numerosos episodios de violencia, heridos y detenciones, lo que motivó el planteo judicial. Gallardo evaluó que estas situaciones constituyen un riesgo cierto y verificable, no meras suposiciones, y afirmó que existe una “opresión a la autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires.
En su fallo, el magistrado calificó de preocupante la “actitud avasalladora” del Estado nacional al imponer protocolos ajenos a la jurisdicción porteña. Señaló además que la Ciudad nunca adhirió formalmente al protocolo antiprotestas aprobado por la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, por lo que cualquier aplicación en su territorio carece de base legal.
Gallardo también cuestionó al gobierno porteño por no asumir su responsabilidad en el manejo de la seguridad en estas protestas, calificando esa conducta como un “abandono de poder” que cede competencias propias y reduce a las fuerzas locales a un rol secundario.
El fallo ordena al Gobierno de la Ciudad que organice y ejecute el operativo de seguridad de forma autónoma, garantizando el respeto por los derechos constitucionales de los manifestantes y preservando el orden público. La cautelar ya fue notificada a las fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El escenario queda ahora abierto a la reacción de las autoridades nacionales y locales, quienes podrán acatar la resolución, apelar o realizar nuevas presentaciones judiciales. En el Ejecutivo porteño hay voces que evalúan limitar la injerencia del gobierno nacional, mientras que otros sectores se muestran favorables a que siga siendo la ministra nacional quien lidere los operativos. La normativa vigente, sin embargo, es clara: la custodia del espacio público porteño es una atribución exclusiva del gobierno local.
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