La Cámara Federal revocó el rechazo de Servini y permitió que tres damnificados intervengan en la causa por la criptomoneda $LIBRA. La medida complica la situación del presidente.
La investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un giro clave luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py aceptara a tres inversores como querellantes en la causa. Los damnificados, representados por Juan Grabois, podrán acceder al expediente y solicitar medidas de prueba para esclarecer el rol de los involucrados en la presunta maniobra fraudulenta.
Los jóvenes afectados habían invertido en $LIBRA tras la promoción de la criptomoneda en redes sociales por parte del presidente Javier Milei. Poco después, la cotización del activo digital se desplomó, dejando cuantiosas pérdidas. Uno de los damnificados llegó a perder 8000 dólares en cuestión de horas.
El fallo de la Cámara Federal sostiene que la hipótesis de una posible estafa es válida y que los querellantes presentaron pruebas que respaldan su reclamo. En la audiencia ante los jueces, se exhibieron capturas de pantalla, enlaces a publicaciones y un video donde se muestra el procedimiento de compra del criptoactivo y la posterior desaparición de los fondos.
La jueza María Servini había rechazado la inclusión de los damnificados en la causa con el argumento de que no estaba probada la estafa ni la pérdida de los fondos más allá de los riesgos propios del mercado cripto. Sin embargo, los jueces Farah, Boico e Irurzun refutaron su decisión, señalando que la legitimación de las víctimas no puede depender de la prueba previa del delito.
Entre los imputados en la causa se encuentran el trader Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. También están señalados empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda, como Hayden Davis y Julian Peh, además del propio presidente Milei. La investigación podría alcanzar a su hermana Karina Milei, luego de que se conocieran filtraciones que la ubican como posible receptora de pagos para facilitar reuniones con el mandatario.
El fiscal Eduardo Taiano avanza en la reconstrucción de los contactos entre los implicados y en la identificación de posibles transferencias de dinero. Recientemente, se ordenaron allanamientos y peritajes sobre teléfonos y dispositivos electrónicos, aunque los investigadores no hallaron registros concluyentes en una caja de seguridad incautada.
Grabois celebró la decisión de la Cámara y afirmó que la estafa «hubiera sido imposible sin el tráfico de influencias» del entorno presidencial. Aseguró que los responsables enfrentarán la Justicia y deberán rendir cuentas por los fondos perdidos por los damnificados. La causa, ahora con nuevos querellantes, representa un desafío creciente para el presidente y su círculo más cercano.
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